Armando Gómez, exintendente de Lambaré.
El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú fijó para el 12 y 13 de agosto la audiencia preliminar del exintendente de Lambaré, Armando Gómez, y otros cuatro exfuncionarios. Están acusados por la Fiscalía de integrar un esquema que habría desviado más de G. 9.317 millones mediante manipulaciones en el sistema informático municipal.
Según el acta de acusación, el fiscal Francisco Cabrera solicitó la elevación a juicio oral por los hechos punibles de estafa informática, hurto y asociación criminal. La querella adhesiva también fue admitida, consolidando la etapa procesal que ahora entra en su fase decisiva.
El caso se originó en 2019, cuando la Fiscalía detectó al menos 6.390 anulaciones de facturas dentro del sistema tributario municipal. Las maniobras habrían sido ejecutadas con el fin de sustraer fondos recaudados por impuestos que debían ser depositados en cuentas bancarias oficiales.
Los demás acusados son Roberto Paredes, exdirector de Administración y Finanzas; Rodrigo Portillo Chirife, jefe de Tesorería; Édgar Iván Villalba, exdirector interino de Gestión Tecnológica; y Ricardo Ricciardi, funcionario técnico. Tres de ellos enfrentan además el cargo de alteración de datos probatorios.
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De acuerdo con el Ministerio Público, los acusados habrían desarrollado un procedimiento interno donde se determinaban los montos a sustraer diariamente. El esquema se completaba con la anulación posterior de facturas en el sistema al cierre del horario laboral, generando un vacío contable.
Entre los elementos recolectados figuran mensajes en teléfonos incautados, donde se documentan instrucciones precisas. En uno de ellos se señala que parte del dinero desviado era entregado en una bodega en Lambaré y retirado por Villalba, presuntamente para repartir entre los involucrados.
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El Ministerio Público sostiene que Armando Gómez, como máxima autoridad de la Comuna, habría recibido parte del dinero. La investigación apunta a que la estructura funcionó con jerarquía definida y coordinación sistemática, constituyendo un esquema criminal complejo.
En paralelo, se pidió el sobreseimiento de Walter Omar Belotto, exdirector de Auditoría Interna, y Sonia Raquel Notario, contadora, al no encontrarse pruebas que los vinculen directamente con las maniobras. La decisión final sobre ambos quedará en manos del juez Otazú.
Fuente: Última Hora
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