El Ministerio Público imputó a Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del fallecido exdiputado Eulalio “Lalo” Gomes, y a su abogado defensor Óscar Luis Tuma Bogado por lavado de activos. La acusación se relaciona con transferencias de bienes inmuebles realizadas entre ambos pese a que Rodrigues estaba incapacitado para realizar trámites en la causa Pavo Real PY II. Los fiscales Juan Martín Morínigo, Francisco Cabrera y Diana Raquel Gómez formalizaron la imputación contra ambos procesados.
Una funcionaria de la Dirección General de los Registros Públicos, Alcira Celeste Rodríguez Flores, también fue imputada por delitos informáticos. La acusación incluye alteración de datos, acceso indebido a sistemas informáticos y alteración de datos relevantes para la prueba. Según la investigación, Rodríguez habría modificado los datos de Alexandre Rodrigues en el sistema informático, limpiando su perfil de la inhibición judicial que le impedía disponer de sus bienes.
Los agentes del Ministerio Público solicitaron al Juzgado Penal de Garantías la aplicación de prisión preventiva para Alexandre Rodrigues y medidas menos gravosas para los otros dos imputados. Esta solicitud se fundamenta en el riesgo de fuga y la gravedad de los delitos investigados. La manipulación del sistema de Registros Públicos habría permitido que se concretaran las transferencias inmobiliarias al abogado Tuma pese a las restricciones judiciales vigentes.
El caso Pavo Real PY II inició el 19 de agosto de 2024 cuando fiscales allanaron simultáneamente las viviendas del entonces diputado Eulalio Gomes y su hijo Alexandre en Pedro Juan Caballero. Durante los procedimientos perdió la vida el diputado Lalo Gomes y Alexandre fue detenido por presunto lavado de activos provenientes del narcotráfico. Al día siguiente, el abogado Óscar Tuma asumió la defensa de Alexandre con acceso al expediente electrónico de la causa.
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El juez Osmar Legal decretó el 19 de agosto la medida cautelar de inhibición general de enajenar y gravar bienes sobre Alexandre Rodrigues y otros imputados. Esta resolución fue comunicada electrónicamente a los Registros Públicos a las 15:52 del mismo día para evitar que los procesados ocultaran sus bienes y frustraran eventual comiso. La institución confirmó el cumplimiento de la medida el 20 de agosto, aunque posteriormente se detectaron irregularidades en el registro.
La Fiscalía descubrió las transferencias irregulares cuando el fiscal Andrés Arriola se constituyó en Registros Públicos el 14 de julio de 2025. En esa oportunidad constató que Alexandre Rodrigues gozaba de libre disposición de sus bienes y que las medidas cautelares no estaban registradas. Además, observó que cuatro inmuebles anteriormente a nombre de Alexandre se encontraban ya transferidos al abogado Óscar Tuma, motivando la apertura de causa penal el 17 de julio.
La funcionaria Alcira Rodríguez habría accedido al sistema informático el 21 de agosto de 2024 usando su usuario con rango de supervisora y modificado los datos personales de Alexandre. Según la imputación, cambió el nombre a Alexandra Rodrigues Giménez con cédula 5.183.336, alterando los campos originales que correspondían a Alexandre Rodrigues Gomes con cédula 6.518.333. Esta manipulación indujo al error en las relaciones jurídicas y habilitó al inhibido a disponer de sus bienes.
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La escribana Elvia del Pilar Ayala Brítez obtuvo certificados de libre disposición el 23 de mayo de 2025 que permitieron transferir cuatro inmuebles valorados en 600, 300, 200 y 600 millones de guaraníes respectivamente. La escribana se habría constituido en el Cereso de Cambyretã donde Alexandre está recluido para formalizar la operación presentada como dación de pago de honorarios profesionales. La Fiscalía considera que Alexandre pretendía frustrar el eventual comiso de bienes adquiridos mediante ganancias de hechos antijurídicos, mientras que Tuma recibió los inmuebles conociendo las medidas cautelares vigentes.
Fuente: ABC Color
