Foto: Clarín.
La investigación por el presunto fraude detrás del token cripto $LIBRA dio un giro en Estados Unidos con la presentación de una denuncia ampliada que apunta directamente al entorno presidencial argentino. Documentos judiciales entregados a la corte federal del Distrito Sur de Nueva York incluyen por primera vez menciones explícitas a Karina Milei y a su vínculo con el empresario Hayden Davis, señalado como figura clave del esquema.
La presentación, de 110 páginas, fue firmada por los abogados Margaret Hoppin y Max Burwick ante la jueza Jennifer L. Rochon. Allí se acusa a Davis y a un grupo de asociados de montar una “asociación ilícita empresarial” para defraudar inversores mediante operaciones en la blockchain de Solana. La denuncia utiliza la Ley RICO, un marco legal estadounidense contra el crimen organizado.
Uno de los ejes centrales del nuevo documento judicial son los mensajes atribuidos a Hayden Davis, en los que se jacta de su cercanía al presidente Javier Milei, a través de su hermana Karina. En uno de esos textos, incluso afirma haberle enviado dinero a la secretaria general de la Presidencia para lograr decisiones favorables al proyecto cripto.
Entre las pruebas citadas figuran registros de visitas a la Casa Rosada, como la del 16 de julio de 2024, autorizada por Karina Milei, y otra del 21 de noviembre del mismo año. También se menciona el viaje de Davis al TechForum en octubre, donde coincidió con figuras del ecosistema cripto y con asesores cercanos al presidente.
La acusación sostiene que Davis utilizó su influencia para presentar $LIBRA como una criptomoneda vinculada al ideario libertario de Milei. Un punto de quiebre ocurrió en enero de 2025, cuando el propio presidente publicó un tuit apoyando el lanzamiento. Según los demandantes, ese respaldo disparó la capitalización del token a 4.000 millones de dólares, lo que permitió a los acusados extraer fondos de los mercados de liquidez en perjuicio de los compradores.
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Los demandantes remarcan que el desplome posterior del valor no fue producto de la volatilidad del mercado, sino de mecanismos internos preestablecidos para generar ganancias a costa de los inversores. «Fue un diseño premeditado para vaciar los fondos de quienes compraron», argumentan.
Hasta el momento, ni funcionarios ni empresarios argentinos figuran formalmente como acusados. Sin embargo, para el diputado Oscar Agost Carreño, el uso de la Ley RICO abre la puerta a un futuro juicio internacional que podría involucrar al Estado argentino. “Esto puede terminar como el caso YPF: con años de litigio y consecuencias económicas para el país”, advirtió.
Fuente: Clarín
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