El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria por delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. La jueza Sandra Heredia, a cargo del proceso, dictó la medida de cumplimiento inmediato, convirtiendo el caso en uno de los más relevantes en la historia judicial del país.
La sentencia llega tras una extensa investigación iniciada en 2018, cuando Uribe renunció a su fuero parlamentario para ser juzgado en la justicia ordinaria. La jueza concluyó que el exmandatario intentó manipular testigos a través de terceros, entre ellos su abogado Diego Cadena, en los años 2017 y 2018.
El fallo fue sorpresivo en dos aspectos: la pena impuesta es superior a la solicitada por la Fiscalía, que era de nueve años, y se ejecutará de forma inmediata. Uribe deberá cumplir la medida en su finca de Rionegro, Antioquia, mientras la defensa prepara la apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá.
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Durante el juicio, Heredia consideró válidos los audios grabados por el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve y su pareja, donde se evidencian ofertas de beneficios judiciales. También se tomaron en cuenta las interceptaciones telefónicas entre Uribe y su abogado, en las que se reflejaba un vínculo de coordinación directa.
El impacto político de la sentencia afecta al partido Centro Democrático, fundado por Uribe. La condena compromete su capacidad de incidir en las campañas legislativas y presidenciales previstas para 2026. Además, plantea interrogantes sobre la figura de su precandidato, Miguel Uribe Turbay.
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La defensa del expresidente anunció que recurrirá la decisión. El tribunal de segunda instancia deberá pronunciarse antes de octubre, plazo límite para evitar la prescripción. Si se confirma la sentencia, el caso podría escalar hasta la Corte Suprema de Justicia.
Uribe había iniciado este proceso tras denunciar al senador Iván Cepeda por presuntas calumnias, pero la Corte Suprema archivó la causa y, en cambio, abrió una contra el exmandatario. Desde entonces, el expediente atravesó etapas complejas bajo diferentes fiscales y jueces.
Fuente: El País
