Petróleos Paraguayos (Petropar) prorrogó en seis ocasiones el contrato con la firma catarí Doha Holding Group LLC, repitiendo un mismo dictamen técnico con fechas actualizadas, pese a incumplimientos reiterados y sin entregas de combustible concretadas.
El contrato, firmado el 30 de septiembre de 2024, fue considerado por la estatal como “crítico y estratégico” para asegurar el abastecimiento de gasoil. No obstante, transcurridos diez meses, el producto aún no ha llegado, y el plazo de la última prórroga venció el 30 de julio de 2025.
En cada dictamen, Petropar sostiene que el contrato permitiría acceder a un precio favorable de USD 610 por tonelada métrica, por debajo de los valores del mercado. Sin embargo, la falta de ejecución impide confirmar ese beneficio. La cláusula de urgencia original, con un plazo contractual de dos meses, fue extendida sin nuevas condiciones técnicas.
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La petrolera sostiene que el retraso responde a la falta de cumplimiento de cuatro condiciones: disponibilidad de tanques, existencia del producto, logística de traslado y verificación de calidad. Pese a no cumplirse ninguna, la administración justificó la continuidad sin ejecutar la garantía de USD 3.050.000.
Además, los mismos fundamentos son utilizados en las seis prórrogas, lo que plantea dudas sobre la rigurosidad del análisis técnico y el proceso de supervisión interna. La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) recibió los dictámenes sin objeción, según fuentes oficiales.
La empresa catarí Doha Holding está vinculada a Alejandro Domínguez Pérez, hijo del presidente de la Conmebol, lo que añade un componente de interés público y político en torno al contrato. Hasta ahora, ni el presidente de Petropar, Eddie Jara, ni el gerente William Wilka, se pronunciaron sobre el futuro del vínculo contractual.
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La prórroga más reciente extendió el contrato hasta el 30 de julio, mientras que la garantía se mantiene vigente hasta septiembre. La falta de respuestas de la administración ha generado cuestionamientos desde distintos sectores políticos y sociales.
La Contraloría General de la República y la DNCP podrían intervenir si se comprueba que hubo omisiones administrativas o irregularidades en la gestión de este contrato. Petropar aún no ha informado si exigirá la entrega del producto o rescindirá el contrato.
Fuente: ABC Color
