Jorge Brítez. IPS
Con una marcha convocada para este sábado en el centro de Asunción, los jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS) endurecen su postura ante el Gobierno. La manifestación, liderada por la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay, surge como respuesta a lo que consideran una exclusión en la toma de decisiones clave para el sector.
El detonante de la protesta fue la designación de Rodi Hernán Ozuna como representante de los jubilados ante el Consejo de Seguridad Social. Su nombramiento, autorizado por el presidente Santiago Peña, fue cuestionado por no pertenecer al régimen de jubilados del IPS, generando reclamos por parte de agrupaciones que representan a aportantes históricos.
Pedro Halley, vocero de la organización convocante, adelantó que la movilización incluirá una serie de exigencias relacionadas con la gestión actual del IPS. Entre los puntos a plantear, figuran decisiones gubernamentales que, según los manifestantes, vulneran los acuerdos previos y la representatividad de los jubilados.
En paralelo a la convocatoria, la Contraloría General de la República anunció el inicio de una auditoría financiera integral al IPS. El organismo encabezado por Camilo Benítez incluyó al instituto como prioridad en su plan de fiscalización 2025, cuyos resultados estarían disponibles recién en 2026.
La auditoría fue solicitada por el propio Jorge Brítez, actual presidente del IPS, en un intento de descomprimir las críticas y transparentar la administración de la caja de jubilaciones. El examen incluirá también el análisis de las inversiones financieras realizadas por la institución en los últimos ejercicios.
La presión interna hacia la administración de Brítez se ha intensificado en las últimas semanas. En sectores políticos y en círculos cercanos al cartismo, se menciona insistentemente a Carlos Pereira, actual interventor de la Municipalidad de Asunción, como eventual reemplazante en la previsional.
El eventual nombramiento de Pereira dependerá del cierre del proceso de intervención en la comuna capitalina. Los informes finales sobre la gestión del intendente suspendido, Óscar Rodríguez, se presentarían a fin de mes, lo que podría definir el futuro inmediato del interventor.
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En este contexto, el avance de la auditoría y el descontento ciudadano configuran un escenario de incertidumbre institucional. Mientras tanto, los jubilados se movilizan con el objetivo de recuperar espacios de representación y exigir transparencia en el manejo del IPS.
Aunque no hay plazos confirmados para un posible cambio de autoridades, en el entorno gubernamental se considera que la salida de Brítez podría concretarse si el descontento se intensifica. La figura de Pereira queda en espera, como una carta en reserva dentro del tablero político.
Fuente: La Política Online
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