Rubén Ramírez fue designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Cámara de Diputados, a solicitud de la Contraloría General de la República. Foto: Wilson Ferreira.
El interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este, Ramón Ramírez, denunció la malversación de 29.215 millones de guaraníes durante la administración del intendente suspendido Miguel Prieto. En su tercera conferencia de prensa, el economista presentó documentación oficial que respalda las acusaciones sobre desvío de fondos originalmente destinados a gastos de capital. Ramírez fue designado por el presidente Santiago Peña y su intervención concluye el 23 de agosto con un informe final.
El interventor explicó que de los 83.000 millones de guaraníes destinados a gastos de capital, 29.215 millones fueron utilizados para gastos corrientes, representando más del 35% del presupuesto. Ramírez calificó esta práctica como malversación y explicó que la definición es clara cuando el administrador destina fondos a usos diferentes a los establecidos por ley. Los hallazgos están documentados con papeles oficiales que formarán parte del dictamen final.
El análisis reveló que más del 55% de los fondos desviados fueron transferencias bancarias cuyo seguimiento resulta prácticamente imposible. Ramírez explicó que estos movimientos responden a un esquema sistemático diseñado para eludir procesos de control institucional. La modalidad de transferencias bancarias dificulta la trazabilidad de los recursos y complica las tareas de auditoría posterior sobre el destino final de los fondos públicos.
La intervención revisó las transferencias al Consejo Local de Salud entre 2019 y 2022, identificando irregularidades significativas en el manejo de recursos. Se transfirieron más de 10.500 millones de guaraníes, de los cuales casi 6.000 millones fueron supuestamente destinados a obras de infraestructura. Sin embargo, no existen certificaciones, recepciones finales ni documentos que confirmen la ejecución efectiva de estas obras.
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Ramírez advirtió que resulta imposible determinar si las facturas presentadas corresponden con obras realmente ejecutadas, calificando esta situación como inaceptable. El interventor señaló que el órgano municipal encargado de controlar estos gastos presentaba conflicto de intereses. El titular de la Dirección de Desarrollo Social, responsable de auditar las transferencias, también era miembro del Consejo de Salud, actuando simultáneamente como juez y parte.
El contrato de instalaciones eléctricas de la Terminal de Ómnibus ejemplifica la desprolijidad administrativa detectada en la institución. Ramírez presentó documentación que respalda la ejecución de aproximadamente 1.900 millones de los 3.100 millones que costó el contrato. El interventor mencionó la existencia de tres recepciones finales, ítems cancelados y adendas como evidencia de la gestión deficiente.
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El interventor reafirmó que el informe de la intervención será entregado dentro del plazo legal establecido, reportando más del 90% de las causales investigadas. Ramírez explicó que únicamente no pudieron analizar en profundidad los casos judiciales con restricciones del Ministerio Público. La investigación abarcó prácticamente todos los aspectos de la gestión municipal durante el período analizado.
Ramírez concluyó que la determinación del daño patrimonial y la lesión de confianza corresponde a otras instancias judiciales competentes. El trabajo de la intervención se limita a identificar y documentar los hechos encontrados durante la investigación administrativa. Los hallazgos presentados incluyen evidencia documental que sustenta las acusaciones de malversación y desprolijidad en el manejo de recursos públicos municipales.
Fuente: Última Hora
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