Un sistema tecnológico desarrollado para controlar la asistencia y ubicación de los funcionarios municipales de Asunción fue dejado de lado, pese a que su implementación costó cerca de USD 3 millones. El dato fue expuesto por el concejal Humberto Blasco (PLRA), quien criticó al intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC) por desaprovechar una herramienta clave para combatir el problema histórico de los planilleros.
Blasco explicó que el sistema fue adquirido hace más de dos años como parte del contrato con el Consorcio TX, pero hasta hoy no se encuentra en funcionamiento. La existencia del software recién se hizo pública gracias a la actual intervención municipal, iniciada a finales de junio a pedido de la Contraloría General de la República.
“Se desarrolló un sistema integral, pero nunca se puso en línea. Eso impide conocer en tiempo real la ubicación y presencia del personal municipal”, sostuvo el edil. Advirtió que esta falta de control fomenta la discrecionalidad en la gestión de personal y limita la transparencia.
Además, cuestionó que tampoco se haya avanzado en la implementación de un sistema de control biométrico móvil. Esta tecnología permitiría, por ejemplo, registrar la asistencia de cuadrillas que trabajan en la vía pública. Para el concejal, la ausencia de estos controles solo agudiza la debilidad estructural en la administración del personal.
La directora interina de Recursos Humanos, Emi Moriya, confirmó que el sistema informático existe, pero aún no ha sido aplicado. Actualmente, el control se realiza con relojes biométricos desconectados, cuyos datos se extraen manualmente cada 15 días, dificultando un seguimiento eficiente.
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Moriya también detalló que el censo de funcionarios, iniciado en paralelo con la intervención, ha avanzado en un 75% y que se continúa cargando la información restante para completar el universo de más de 9.000 empleados registrados.
La intervención, liderada por Carlos Pereira, culminará el 23 de agosto y busca arrojar claridad sobre el uso de los recursos municipales. Entre los puntos más sensibles está el desvío de G. 500.000 millones en bonos originalmente destinados a obras públicas, uno de los motivos que desencadenaron el proceso.
Fuente: ABC Color
