Armando Gómez. Foto: Adn Paraguayo.
La Cámara de Apelación en lo Penal Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Corrupción confirmó que el exintendente de Lambaré, Armando Gómez Arévalo (PLRA), afrontará un juicio oral y público por un presunto desvío superior a los G. 7.315 millones. El fallo declaró inadmisible el recurso de apelación general presentado por su defensa.
La decisión fue adoptada por unanimidad por los camaristas Silvana Luraghi, Gustavo Amarilla y Claudia Criscioni, quienes ratificaron la resolución del juez penal de Garantías Humberto Otazú, que admitió la acusación presentada por el Ministerio Público.
Según la imputación, el monto corresponde a fondos descontados a funcionarios municipales que debían transferirse a la Caja de Jubilaciones del Personal Municipal, pero que presuntamente fueron retenidos indebidamente, generando un perjuicio patrimonial a la institución.
La acusación detalla que la Dirección de Talento Humano elaboraba planillas de pago y descuentos de funcionarios permanentes, las remitía a Contabilidad, pero no se emitían las órdenes de pago correspondientes. Pese a los descuentos, las transferencias nunca se concretaron.
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En su análisis, la Cámara precisó que el auto de elevación a juicio no es recurrible, aunque evaluó los incidentes planteados en la audiencia preliminar, entre ellos la inclusión de una pericia contable solicitada por la defensa y rechazada en primera instancia.
Luraghi señaló que los agravios presentados por los abogados Julio César Bobadilla Estigarribia y Osvaldo Sotelo Franco no configuraban una violación normativa, sino una disconformidad con el criterio adoptado por el juez de garantías. Consideró que no hubo fundamentos suficientes para revocar la resolución impugnada.
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El tribunal concluyó que la defensa no demostró un error procesal ni vulneración de derechos que justificara la anulación del fallo. Por ello, se ratificó la apertura del juicio oral por el hecho punible de lesión de confianza.
De esta manera, Armando Gómez deberá enfrentar en sede judicial las acusaciones relacionadas con el manejo irregular de fondos municipales durante su administración, en un proceso que se centrará en determinar la existencia de responsabilidad penal por el millonario desvío denunciado.
Fuente: ABC Color
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