Rubén Ramírez fue designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Cámara de Diputados, a solicitud de la Contraloría General de la República. Foto: Wilson Ferreira.
El interventor municipal de Ciudad del Este, Ramón Isidoro Ramírez, denunció la existencia de un esquema de recaudación paralela que habría causado perjuicios por G. 75 millones a las arcas comunales. La investigación reveló irregularidades en las Cajas Nº 6 y Nº 8 del sistema municipal de recaudación durante el período enero-junio 2025. El interventor presentó la denuncia ante la Fiscalía por los delitos de exacción y alteración de datos informáticos.
La investigación se inició tras solicitar documentación de respaldo del sistema de recaudación municipal en los primeros seis meses del año. Ramírez afirmó contar con pruebas documentales que incluyen nombres de involucrados, fechas específicas, montos exactos y registros informáticos alterados. El análisis de nueve casos reveló que el 100% de los comprobantes fueron emitidos por funcionarios no asignados a las cajas correspondientes donde se registraron las operaciones.
Las irregularidades detectadas en la Caja Nº 6 incluyen transacciones registradas el 30 de enero de 2025, fecha en que oficialmente no operó el sistema. Estas operaciones carecían de legajos de respaldo y arqueos correspondientes según los protocolos establecidos. La ausencia de documentación oficial evidencia la manipulación del sistema de recaudación para simular ingresos que no ingresaron efectivamente a la Tesorería municipal.
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La Caja Nº 8 presentó pagos asentados tanto en el sistema informático como en fichas catastrales, pero estos montos no fueron incluidos en el arqueo oficial del 14 de enero. Esta discrepancia entre registros digitales y documentación física sugiere alteración deliberada de datos para ocultar el desvío de fondos. El interventor sostiene que el sistema informático fue manipulado para registrar pagos inexistentes por aproximadamente G. 75 millones.
El equipo del intendente apartado Miguel Prieto Vallejos calificó el descubrimiento como un “papelón” del interventor. Alfredo Ramírez, designado como nexo por Prieto, aseguró que la auditoría municipal ya había detectado estas irregularidades en marzo pasado. Según su versión, la denuncia fue presentada oportunamente ante la Fiscalía incluyendo a tres funcionarios y al entonces director de Recaudaciones, Nelson Segovia.
El intendente apartado también enfrenta denuncias por supuesta malversación de G. 29.000 millones destinados originalmente a obras y bienes de capital. Prieto admitió utilizar estos fondos para gastos corrientes, justificando la decisión en la necesidad de pagar deudas heredadas y salarios municipales. El jefe comunal comparó su gestión con el Gobierno Nacional, señalando que su administración destina 38% a gastos de capital contra apenas 2% del ejecutivo nacional.
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Miguel Prieto descartó categóricamente presentar su renuncia pese a las denuncias del interventor municipal. El intendente considera que esta situación lo fortalece políticamente y expresó confianza en obtener buenos resultados electorales futuros. Prieto argumentó que su versión resulta más creíble que la del interventor y agradeció la oportunidad de explicar públicamente su posición respecto a las acusaciones presentadas.
Fuente: ABC Color
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