Dany Durand. Foto: Última Hora, archivo.
El juez Yoan Paul López resolvió conceder el sobreseimiento provisional al exministro del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) Dany Durand y a otros seis exdirectivos de la firma Mocipar, imputados por supuesta estafa, lesión de confianza, conducta conducente a la quiebra y asociación criminal.
La medida se adoptó luego de que el fiscal Aldo Cantero solicitara un año de plazo para concretar 15 diligencias pendientes, solicitud que inicialmente fue rechazada, pero posteriormente ratificada por la fiscala adjunta Patricia Rivarola, lo que llevó a la autorización judicial.
Según la imputación, el caso se originó por la presunta venta de planes de construcción de viviendas a personas que realizaron pagos mensuales durante años sin recibir las obras prometidas. El perjuicio denunciado asciende a G. 162.775.000, con varias víctimas que relataron haber renovado contratos en condiciones más gravosas.
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Una de las afectadas afirmó haber abonado cuotas desde 2014, que se incrementaron en 2016 a G. 1 millón mensuales, sin que se concretara la entrega de la vivienda. Otra víctima declaró que inició pagos en 2011 por G. 135.000 mensuales y que, tras firmar nuevos contratos, el monto aumentó a G. 750.000, abonados hasta finales de 2019.
Un tercer denunciante relató que pagaba G. 155.000 desde 2011 y que, tras una renovación contractual, la cuota subió a G. 1.315.000, suma que abonó hasta inicios de 2020. En todos los casos, los denunciantes afirmaron no haber recibido las propiedades pactadas.
Además de Durand, los procesados son Luz Marina González, Fernando Román Fernández, Diana Teresita Britos, María Patricia Espínola, Marcela Adriana Durand y Flavio Arturo Britos. Todos ellos eran miembros de la dirección de Mocipar durante el periodo en que se habrían cometido los hechos.
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El sobreseimiento provisional no implica el cierre definitivo de la causa, sino que otorga un año a la Fiscalía para completar las investigaciones. Durante este plazo, deberán cumplirse las diligencias pendientes para determinar si se presentan acusaciones formales o si se solicita el sobreseimiento definitivo.
La defensa de los imputados sostiene que los proyectos se vieron afectados por cuestiones externas, mientras que las víctimas esperan que la prórroga otorgada a la Fiscalía sirva para reunir elementos que permitan esclarecer los hechos y, en su caso, obtener una reparación.
Fuente: Última Hora
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