Invasión de propiedad privada en la compañía Tarumandy de Luque, en marzo de 2024. Gentileza
La Municipalidad de Luque enfrenta una compleja investigación fiscal que involucra un presunto esquema de estafa inmobiliaria vinculado directamente con invasiones masivas de terrenos en la ciudad. El intendente Carlos Echeverría reveló la conexión entre las transferencias fraudulentas investigadas por la Fiscalía y un grupo organizado dedicado a la usurpación ilegal de propiedades municipales en distintas zonas del distrito.
Echeverría confirmó que funcionarios municipales estarían involucrados en el esquema detectado durante allanamientos recientes, donde se incautaron documentos y dispositivos móviles como evidencia. El jefe comunal estableció la relación entre este fraude y las invasiones de tierras que afectan aproximadamente treinta y dos hectáreas ubicadas en la zona de Tarumandy, camino hacia San Bernardino, además de inmuebles en el área del complejo Rakiura.
Los invasores implementaron estrategias sofisticadas para aparentar legalidad en sus ocupaciones ilegales, incluyendo la instalación no autorizada de servicios básicos como electricidad en los terrenos usurpados. Esta táctica busca generar una falsa percepción de legitimidad ante potenciales compradores y autoridades locales, complicando los procesos de recuperación de las propiedades municipales afectadas por estas ocupaciones criminales.
La investigación reveló que los usurpadores realizan mensuras administrativas fraudulentas para intentar justificar legalmente su posesión de los terrenos invadidos. El intendente aclaró que solicitar una mensura no otorga automáticamente derechos de propiedad sobre terrenos municipales, advirtiendo sobre esta práctica engañosa utilizada por los grupos criminales para validar falsamente sus ocupaciones ilegales ante terceros interesados.
Los estafadores comercializan estos terrenos usurpados a precios que oscilan entre 1.500.000 y 5.000.000 de guaraníes, aprovechando la documentación fraudulenta para engañar a compradores desprevenidos. Esta operación genera importantes beneficios económicos ilegales mientras perjudica tanto a la municipalidad como a ciudadanos que adquieren propiedades sin respaldo legal válido, creando conflictos jurídicos posteriores.
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Echeverría enfatizó que únicamente la municipalidad posee facultades legales para vender, permutar o rematar propiedades municipales, por lo que cualquier oferta realizada fuera de estos canales oficiales debe considerarse altamente sospechosa. El intendente recomendó a los propietarios actualizar sus datos catastrales, realizar georreferenciación de terrenos, mantener el pago de impuestos al día y conservar sus propiedades en condiciones adecuadas.
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La administración municipal presentó dos denuncias formales durante el año en curso para combatir estas prácticas criminales. La primera denuncia se interpuso el 10 de enero por producción de documentos no auténticos, asociación criminal y estafa contra Mauricio Meza y la escribana pública María Raquel Cáceres, mientras que la segunda se presentó el 1 de abril contra Arévalo Llamosas y Elvio Ríos por los mismos delitos.
Las autoridades municipales mantienen colaboración activa con la Fiscalía para desarticular completamente esta red criminal que opera tanto en el ámbito de transferencias fraudulentas como en invasiones de tierras. La investigación continúa desarrollándose para identificar a todos los responsables y recuperar los terrenos municipales afectados, mientras se implementan medidas preventivas para evitar futuras operaciones similares en el distrito luqueño.
Fuente: ABC Color
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