Declaración. Juan Sebastián Coronel durante su declaración ante el Tribunal de Sentencia que lo juzga. Foto: Gentileza.
El Ministerio Público solicitó una condena de cuatro años de prisión para Juan Sebastián Coronel, encargado del Centro Cultural La Chispa, acusado de contaminación de aire y ruidos molestos. La petición se realizó tras la declaración del procesado en el juicio oral que se desarrolla en Asunción.
Coronel aseguró ante el Tribunal de Sentencia que nunca fue sancionado por la Municipalidad y que las actividades se realizaban con equipos de sonido propios de cada conjunto musical. Añadió que su función principal era la gestión administrativa y la coordinación de ferias y eventos.
Durante su exposición, el acusado mencionó que se alcanzaron acuerdos con varios vecinos para evitar inconvenientes, aunque reconoció que con algunos las relaciones ya estaban deterioradas antes de su gestión. También señaló que se colocaron guardias para proteger espacios patrimoniales cercanos.
El encargado manifestó que no tenía conocimientos técnicos sobre sonido y que desconocía las mediciones realizadas por la Municipalidad y la Fiscalía, enterándose de ellas recién en el juicio. Cuestionó además la vigencia de la ordenanza aplicada, que data de 2004 y reglamenta una ley derogada.
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Entre los argumentos presentados, Coronel destacó las mejoras realizadas en la cuadra donde se encuentra el centro cultural, en el microcentro capitalino. Afirmó que, pese al cierre de La Chispa tras su imputación, los vecinos siguen expuestos a ruidos provenientes de otras actividades en el Centro Histórico.
La fiscala Elvia Catalina Chávez ratificó la acusación y presentó testimonios de vecinos que alegan afectaciones a su salud por la contaminación acústica. También incluyó informes municipales que indican que el centro carecía de licencia comercial vigente.
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Según la investigación, las actividades generaban niveles de ruido superiores a los permitidos, incumpliendo la normativa ambiental y municipal. La Fiscalía sostiene que esta situación afectó la calidad de vida de los residentes y requirió intervenciones previas para mitigar el impacto.
El tribunal, conformado por los jueces Héctor Capurro, Juan Carlos Zárate y Yolanda Portillo, evaluará las pruebas presentadas por ambas partes antes de dictar sentencia.
Fuente: Última Hora
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