El Ministerio de Justicia informó que 954 personas privadas de libertad en las penitenciarías de Coronel Oviedo, Misiones y Villarrica cumplen con los requisitos legales para que se revisen sus medidas de prisión. Esta cifra surge de un análisis técnico realizado por la Unidad Especializada de Seguimiento Procesal ante los Juzgados de Garantías de 16 localidades.
El equipo revisó expedientes de reclusos que ya superaron la pena mínima establecida en sus causas o que tienen órdenes de rebeldía levantadas. El titular de la unidad, Gustavo Ferriol Rojas, explicó que este procedimiento busca garantizar que las medidas restrictivas se ajusten a la ley y no se prolonguen indebidamente.
Del total de casos analizados, 79 expedientes fueron presentados formalmente ante juzgados de Villa Hayes, Asunción, Luque, Lambaré, Fernando de la Mora, Limpio, San Lorenzo, Capiatá, J. Augusto Saldívar, Carapeguá, Paraguarí, Caazapá, Villarrica, Yuty, Caaguazú y Misiones. El resto de los planteamientos continúa en trámite a la espera de resoluciones.
El Ministerio de Justicia recordó que la Corte Suprema emitió una acordada instando a los jueces a utilizar la prisión preventiva solo de manera excepcional, conforme a los estándares legales. En Paraguay, el uso abusivo de esta medida ha contribuido al hacinamiento y a una elevada proporción de internos sin condena firme.
Según datos oficiales, apenas el 30 % de la población carcelaria en Paraguay tiene condena firme. El viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel, advirtió que cerca del 70 % permanece en prisión preventiva, lo que ubica al país entre los de mayor índice de reclusión sin sentencia en la región.
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La revisión de expedientes forma parte de una política criminal orientada a la legalidad y al respeto de los derechos humanos. El Ministerio busca reducir la sobrepoblación penitenciaria y mejorar las condiciones de reclusión mediante un proceso más ágil y eficiente.
Las autoridades sostienen que estas acciones no solo benefician a las personas privadas de libertad, sino que también optimizan los recursos del sistema judicial y penitenciario, al evitar detenciones prolongadas sin sustento legal.
Fuente: Judiciales.net
