El encargado del Centro Cultural La Chispa, Sebastián Coronel, fue condenado a nueve meses de cárcel con suspensión de la pena en un juicio oral y público que generó repercusión en el sector artístico. La decisión judicial dejó un precedente que preocupa a gestores culturales y organizaciones dedicadas a la promoción de la cultura en Paraguay.
La Secretaría Nacional de Cultura expresó su solidaridad con el espacio ubicado en la calle Estrella del centro de Asunción y reafirmó su compromiso con la defensa de la libertad artística y los derechos culturales. El pronunciamiento se difundió a través de canales oficiales, subrayando el valor de La Chispa como referente comunitario y creativo.
En el comunicado, la institución recordó que la ministra Adriana Ortiz Semidei participó como testigo en el juicio y destacó que La Chispa es un modelo de construcción ciudadana que impulsa la economía cultural, apoya a artistas emergentes y contribuye a revitalizar el centro histórico de la capital.
La postura de la cartera incluyó un rechazo explícito a cualquier intento de criminalizar a gestores culturales o espacios que fomenten el arte y la participación ciudadana. Se instó a priorizar el diálogo y la mediación como herramientas para resolver conflictos, evitando sanciones que limiten el ejercicio de la cultura como derecho humano.
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La condena a Coronel ocurre en un contexto en el que el sector cultural enfrenta desafíos vinculados a la sostenibilidad de espacios independientes y a la relación con las autoridades. Organizaciones y colectivos artísticos han señalado la necesidad de contar con políticas públicas que protejan la actividad cultural frente a procesos judiciales que puedan poner en riesgo su continuidad.
La Secretaría de Cultura manifestó que su posición se basa en los compromisos asumidos por Paraguay en materia de derechos culturales, respaldados por normativas nacionales e internacionales. La defensa de la libertad de expresión artística es, según la institución, un pilar para garantizar una sociedad plural y democrática.
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En días previos, un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos advirtió sobre retrocesos en la libertad de expresión en Paraguay, incluyendo presiones a organizaciones y actores culturales. El documento señaló que estos casos generan un ambiente restrictivo para la labor de la sociedad civil.
El caso de La Chispa y la reacción institucional reavivan el debate sobre el papel del Estado en la protección de los espacios culturales y el alcance de las acciones judiciales. Para el sector artístico, la resolución del caso será determinante para definir el futuro de la gestión cultural independiente en el país.
Fuente: Última Hora
