El entonces director del diario ABC Color, Aldo Zuccolillo, en el tribunal en 1999, durante una audiencia. Archivo ABC Color.
El Estado paraguayo se encuentra bajo la lupa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Aldo Zuccolillo Moscarda, lo que podría derivar en una nueva condena internacional por violación a la libertad de expresión. La abogada Alejandra Peralta Merlo alertó sobre esta posible sanción que afectaría tanto institucional como económicamente al país.
La controversia se origina en las publicaciones del diario ABC Color, dirigido entonces por el empresario Aldo Zuccolillo, que abordaron presuntos actos de corrupción del exsenador Juan Carlos Galaverna. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que estas expresiones estaban relacionadas con asuntos de interés público legítimo.
El juez Hugo López Sanabria, ya retirado del cargo, dictó la condena inicial contra Zuccolillo por estas publicaciones. Esta decisión judicial ahora es cuestionada por organismos internacionales de derechos humanos, quienes consideran que vulnera el derecho fundamental a la libre expresión garantizado en tratados internacionales.
Peralta Merlo enfatizó que las decisiones adoptadas por operadores del sistema de justicia nacional exponen al Estado a responsabilidades internacionales. Estas implicarían no solo consecuencias políticas e institucionales, sino también económicas que finalmente asumen los ciudadanos paraguayos a través del presupuesto público.
De confirmarse esta condena, Paraguay acumularía su tercera sentencia adversa de la Corte IDH por casos de libertad de expresión. Los precedentes incluyen el caso Ricardo Canese, quien fue querellado por el expresidente Juan Carlos Wasmosy, y el caso del periodista Santiago Leguizamón, asesinado por estructuras criminales.
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La experta advirtió sobre otro posible caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos relacionado con la acción de inconstitucionalidad presentada por Gisele Mousques contra Christian Chena y Resumen de Noticias (RDN), y a su vez no hace lugar a la acción presentada por estos últimos contra la absolución de la jueza Gloria Machuca por parte del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Si la Corte Suprema no se pronuncia adecuadamente sobre estos conflictos, el país podría enfrentar una nueva demanda internacional.
La especialista concluyó que las autoridades mantienen un patrón de fallos judiciales restrictivos hacia la libertad de expresión. Esta situación sistémica podría generar futuras sanciones internacionales si no se corrigen los mecanismos de protección a este derecho fundamental en el sistema judicial.
Fuente: Judiciales.net
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