Alexander Rodrigues Gomes, hijo del difunto exdiputado colorado Eulalio Gomes, fue detenido en el allanamiento a su vivienda el 19 de agosto de 2024.
El Ministerio Público presentó acusación formal contra Alexandre Rodrigues Gomes, de 38 años, hijo del fallecido exdiputado colorado Eulalio “Lalo” Gomes Batista, por presuntamente liderar una estructura criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína de alto volumen. La investigación reveló operaciones que involucraron toneladas de sustancias ilícitas entre 2019 y 2021.
Los fiscales antidrogas Ingrid Cubilla, Andrés Arriola y Elva Cáceres formalizaron el requerimiento conclusivo de 205 páginas el martes 19 de agosto, solicitando juicio oral para Rodrigues Gomes. La acusación incluye los delitos de tráfico, tenencia, asociación y comercialización de drogas, además de lavado de dinero y asociación criminal en el marco de la Operación Pavo Real II.
Según la acusación del Ministerio Público, Rodrigues Gomes dirigió una organización criminal integrada por ciudadanos paraguayos, brasileños y bolivianos. La estructura operaba desde ciudades fronterizas del Departamento de Amambay, controlando todas las etapas de la cadena delictiva del narcotráfico internacional.
La red criminal adquiría cocaína y pasta base en Bolivia, ingresaba la droga al territorio paraguayo mediante aeronaves que aterrizaban en pistas clandestinas ubicadas en establecimientos rurales. Posteriormente, transportaba los cargamentos al territorio brasileño y otros destinos internacionales, incluyendo el continente europeo.
La cooperación internacional mediante la aplicación de mensajería cifrada SKY ECC permitió al Ministerio Público documentar las operaciones de narcotráfico. Los fiscales atribuyen a Alexandre Rodrigues Gomes el envío de 300 kilos de cocaína con el logotipo “HELLO KITTY” a São Paulo el 1 de febrero de 2020.
Entre el 16 de febrero y el 18 de marzo de 2020, la acusación señala que Rodrigues Gomes traficó 2,780 kilogramos de sustancias ilícitas. Adicionalmente, se le atribuye la remisión de 177 kilos de cocaína con destino a Paranaguá, Brasil, incautados el 31 de enero de 2020.
El 14 de noviembre de 2020, autoridades brasileñas interceptaron 360 kilos de cocaína transportados en una avioneta bimotor en el interior de São Paulo, entre los municipios de Piracicaba y São Pedro. Según el Ministerio Público, este cargamento también formaba parte de las operaciones dirigidas por el hijo de Lalo Gomes.
La acusación vincula a Alexandre Rodrigues Gomes con la organización criminal liderada por el narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavão. En este contexto, habría participado en transacciones irregulares de compra-venta de bienes inmuebles en territorio paraguayo que formaban parte del patrimonio de la estructura criminal.
Rodrigues Gomes operaba con interlocutores vinculados a casas de cambio para coordinar la movilización de grandes sumas de dinero de origen ilícito. Estas operaciones formaban parte de una red transnacional dedicada al financiamiento de actividades criminales y lavado de activos, con conexiones en Bolivia, Paraguay, Brasil y Europa.
El Ministerio Público destaca la adquisición irregular del establecimiento rural “Estancia Negla Poty” en 2020, ubicado en el distrito de Bella Vista Norte, Amambay, por USD 1.725.750. Esta transacción habría sido realizada con fondos de origen ilícito como parte del esquema de lavado de dinero.
Entre 2017 y 2021, Rodrigues Gomes realizó operaciones financieras sin sustento comercial a título personal y a través de Paraguay Autopartes SA. Estas transacciones involucraron a personas físicas y jurídicas vinculadas al narcotráfico, incluyendo Antonio Joaquim Da Mota, Luis Carlos Da Rocha alias “Cabeza Branca” y Diego Isaac Benítez.
La acusación señala que Alexandre operaba con diversos roles en el esquema criminal, actuando en ocasiones como lavador de dinero y en otras como financista de las operaciones de narcotráfico.
Oscar Daniel Cabreira Pinazo desempeñaba un rol estratégico como socio ejecutor de Alexandre en las operaciones de lavado de activos. Según el Ministerio Público, Cabreira Pinazo operaba como referente financiero en la movilización y distribución de fondos ilícitos de la organización criminal.
El 7 de agosto último, Cabreira Pinazo se quitó la vida durante un procedimiento fiscal policial en su vivienda de Pedro Juan Caballero. Había sido imputado el 19 de agosto de 2024 por su participación en el esquema criminal liderado por el hijo de Lalo Gomes.
Mediante la aplicación SKY ECC, los fiscales detectaron que Cabreira Pinazo utilizaba casas de cambio fuera del sistema bancario formal, principalmente “Fénix Cambios” (anteriormente “Panorama”), para recibir, ocultar y redistribuir grandes sumas de dinero en efectivo destinadas a financiar operaciones de narcotráfico.
La casa de cambios Fénix habría sido uno de los mecanismos principales utilizados por Cabreira Pinazo para operar en beneficio de distintas organizaciones criminales transnacionales. Esta entidad facilitaba el movimiento de dinero ilícito en coordinación con redes financieras paralelas distribuidas en Paraguay, Brasil, Bolivia y Europa.
Conocido en SKY ECC bajo el alias “SIMBA”, Cabreira Pinazo proporcionaba el respaldo financiero que sustentaba el funcionamiento de la red criminal dirigida por Alexandre Rodrigues Gomes. Mediante esquemas de cobertura, circulación y desvío de fondos, permitía la ejecución efectiva de las actividades ilícitas de la organización.
El Ministerio Público solicitó el sobreseimiento definitivo para Luis María Zubizarreta Zaputovich, de 85 años, y John Gerald Mathías Gaona, de 53 años. Ambos fueron imputados el 19 de agosto de 2024 por supuesto lavado de dinero y asociación criminal en su calidad de representantes de Finexpar SAECA, actual Zeta Banco.
La acusación inicial atribuía a Zubizarreta y Mathías Gaona haber celebrado un contrato privado de compraventa el 21 de mayo de 2020, transfiriendo la “Estancia Negla Poty” a Alexandre Rodrigues Gomes. Sin embargo, Finexpar SAECA adquirió formalmente el bien recién el 7 de julio de 2020 de la firma Cepagro SAECA como dación de pago por operaciones morosas.
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Los fiscales argumentan que no se reunieron elementos suficientes para acreditar el conocimiento y la voluntad de los representantes bancarios de integrar al circuito financiero un bien inmueble de origen ilícito. Las operaciones analizadas responderían a productos y procedimientos ordinarios del tráfico bancario, sin medidas cautelares que permitieran presumir origen ilícito del inmueble.
Fuente: ABC Color
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