Foto: Judiciales.Net
La Coordinadora de Víctimas de la “Mafia de los Pagarés” emitió un comunicado detallando las seis modalidades principales de estafa que afectan a miles de ciudadanos paraguayos. El esquema fraudulento explota vulnerabilidades del sistema judicial, generando pérdidas devastadoras en jubilados, docentes y familias de escasos recursos que pierden ahorros y propiedades en un ciclo vicioso de deudas manipuladas.
El grupo de víctimas denuncia operaciones sistemáticas donde se ejecutan pagarés múltiples veces en distintos juzgados, se falsifican documentos y se manipulan procesos legales. Estas prácticas generan ganancias ilícitas millonarias para los perpetradores, mientras las víctimas quedan atrapadas en procedimientos judiciales fraudulentos que les arrebatan su patrimonio familiar.
Las seis modalidades denunciadas por la Coordinadora revelan un esquema complejo de manipulación judicial y documental:
La Coordinadora documenta casos donde estos métodos se combinan para maximizar el perjuicio económico de las víctimas. Los gestores se aprovechan de la desesperación de deudores para ofrecer soluciones que agravan su situación financiera, mientras bancos participan en esquemas que violan principios básicos del sistema crediticio paraguayo.
El comunicado de la Coordinadora destaca que miles de paraguayos han sido afectados por estas prácticas, perdiendo ahorros de toda una vida y propiedades familiares. Las convocatorias de acreedores fraudulentas se han convertido en herramientas para legalizar deudas irregulares, mientras el sistema judicial paraguayo muestra fallas estructurales que facilitan estos esquemas criminales.
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La organización de víctimas exige investigación exhaustiva de las autoridades competentes y reforma integral del marco legal que regula los pagarés y procesos ejecutivos. “Es hora de que la justicia proteja a las víctimas, no a los corruptos”, concluye el comunicado, instando a la sociedad paraguaya a unirse en la lucha contra esta red de corrupción que explota las vulnerabilidades institucionales para enriquecerse ilícitamente a costa del patrimonio ciudadano.
Fuente: Megacadena
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