Agentes penitenciarios se movilizan en Itauguá para exigir reivindicaciones laborales, como desprecarización y recategorización salarial. Gentileza
Los agentes penitenciarios del Ministerio de Justicia mantienen una movilización en reclamo de lo que consideran derechos laborales básicos. Entre las principales exigencias se encuentran la desprecarización laboral, la equiparación salarial y la garantía de una cobertura médica adecuada.
La protesta inició frente al Centro Educativo Itauguá, en el kilómetro 30 de la Ruta PY02, y también cuenta con participación de funcionarios del Centro Educativo Integral La Esperanza de San Lorenzo. La medida, convocada por el Sindicato de Trabajadores de Centros Educativos y Penitenciarios (Sitracepen), se lleva a cabo en horario de 12:00 a 13:00 y continuará de manera indefinida.
Uno de los reclamos centrales es la discriminación salarial entre contratados y permanentes. Según el gremio, unos 1.300 trabajadores se ven afectados, la mayoría incorporados durante programas de emergencia penitenciaria y sanitaria entre 2014 y 2019. El sindicato exige aplicar el principio constitucional de “a igual trabajo, igual salario”.
Además, demandan la recategorización salarial prometida por el Ministerio de Justicia a 1.600 funcionarios nombrados. La propuesta inicial contemplaba un aumento de G. 1.500.000, pero posteriormente se planteó que el reajuste sería de apenas G. 800.000, lo que generó malestar entre los funcionarios.
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Otro punto de la protesta es la deficiencia del seguro médico actual. Los trabajadores denuncian que la cobertura no garantiza atención adecuada, dejando a los funcionarios y sus familias en una situación de vulnerabilidad. Para el sindicato, el acceso a un servicio de salud real es una condición indispensable para el desempeño de su labor.
La movilización también busca el pago por peligrosidad laboral y la Unidad Básica de Alimentación (UBA) para los contratados. Actualmente este beneficio es bimestral y asciende a G. 1.700.000, pero no es otorgado de forma equitativa a todos los trabajadores penitenciarios.
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El Sitracepen advirtió que, de no obtener respuestas concretas del Gobierno, las medidas de presión podrían intensificarse. Entre las acciones no descartan huelgas de hambre u otras formas de protesta más radicales. El sindicato aclaró que las manifestaciones continuarán hasta que las autoridades den una solución efectiva.
Según cálculos del gremio, el costo de atender estas reivindicaciones asciende a unos G. 55.000 millones.
Fuente: ABC Color
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