Foto: Reuters
La muerte de Jean Pormanove, conocido como “JP” en las plataformas digitales, generó un fuerte impacto en Francia y expuso la fragilidad de los mecanismos de control sobre contenidos en internet. El exmilitar de 46 años falleció el 18 de agosto mientras participaba en una transmisión en vivo de casi 300 horas a través de la plataforma australiana Kick, donde miles de espectadores presenciaban escenas de violencia y humillación.
El caso fue rápidamente catalogado como un reflejo de la desregulación digital. La ministra delegada de Asuntos Digitales, Clara Chappaz, lo calificó de “horror absoluto” y advirtió que es necesario poner fin al “Far West digital”. Las críticas también alcanzaron a Arcom, el ente regulador de las comunicaciones, por no haber detenido la retransmisión.
La autopsia reveló que la muerte de Pormanove no tuvo origen traumático ni fue consecuencia directa de la agresión de terceros, aunque se solicitaron más estudios, incluidas pruebas toxicológicas. La fiscalía de Niza confirmó que, hasta el momento, no hay imputaciones formales contra los otros streamers que participaron en las sesiones, pese a que múltiples registros muestran episodios de violencia y humillación.
Pormanove acumulaba más de 190.000 seguidores en Kick y más de medio millón en TikTok. Su contenido se caracterizaba por la violencia que él mismo sufría a manos de otros creadores, lo que abría un debate sobre la explotación del sufrimiento en internet a cambio de donaciones y visitas. Aunque la Liga de Derechos Humanos había alertado sobre estos abusos meses atrás, la respuesta institucional fue insuficiente.
La tragedia obligó a las autoridades a revisar el marco legal existente. Francia ya cuenta con normativas que prohíben la difusión de contenidos degradantes, mientras que la Unión Europea exige moderación activa en plataformas digitales. Sin embargo, la falta de representación formal de Kick en Europa dificultó la aplicación de las leyes. Solo después de la polémica la empresa nombró un representante en Malta.
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El caso también abrió discusiones políticas sobre el uso de pantallas y redes sociales en menores. El exprimer ministro Gabriel Attal propuso que los estudiantes pasen evaluaciones de “adicción digital” y que las transmisiones pierdan atractivo al volverse en blanco y negro tras cierto tiempo. Por su parte, la ministra Chappaz sugirió reinstaurar la prohibición del uso de redes para menores de 15 años, medida que había sido descartada en 2022.
Medios como Le Monde alertaron en sus editoriales sobre la urgencia de hacer cumplir las leyes ya existentes, más que crear nuevas normativas. La advertencia apunta a evitar que tragedias como la de Pormanove se repitan, en un contexto donde la rentabilidad del streaming y el anonimato digital potencian la explotación de la vulnerabilidad humana.
Fuente: Clarín
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