Foto: El Observador.
El próximo lunes 25 de agosto, el juez penal de garantías Raúl Florentín intentará llevar adelante la audiencia preliminar del empresario Carlos Alberto Morínigo Gamell, de la firma Real Industria de Materiales Sintéticos del Paraguay. El proceso busca determinar si el acusado debe enfrentar juicio por la supuesta evasión de aportes obreros al Instituto de Previsión Social (IPS) durante más de 15 años.
El expediente judicial revela una serie de suspensiones que han dilatado la diligencia desde diciembre de 2024. La primera fecha fijada fue el 16 de diciembre de ese año, pero el procedimiento no se concretó. Lo mismo ocurrió en febrero (11), mayo (12 y 22) y agosto (12) de 2025, cuando la audiencia volvió a postergarse.
De acuerdo con la acusación fiscal, Morínigo Gamell empleó desde octubre de 2002 a Pablino Moreira Dávalos, a quien le descontaba mensualmente el aporte obrero correspondiente desde enero de 2003 hasta mayo de 2022. Sin embargo, los montos nunca fueron transferidos al IPS. La situación se hizo evidente cuando el trabajador intentó acceder a servicios médicos de la previsional y se encontró sin cobertura.
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La normativa establece que el aporte a la seguridad social corresponde en un 16,5 % a cargo del empleador y un 9 % al trabajador. En este caso, el Ministerio Público sostiene que el empresario incumplió sistemáticamente con la transferencia de los fondos, privando al obrero de sumar años de aportes para su jubilación, así como de subsidios por enfermedad y beneficios previsionales para sus herederos.
Según informes del IPS, la deuda atribuida a Morínigo equivale a 187 meses de incumplimiento. En ese periodo, se habrían retenido del salario del trabajador G. 28.476.094 en concepto de aporte obrero, mientras que la patronal dejó de transferir G. 51.010.809. En total, la evasión asciende a G. 79.486.903, suma que representa más de 15 años de aportes no ingresados.
La figura de Morínigo también aparece ligada a una polémica de alcance político. El senador cartista Gustavo Leite es señalado de haber impulsado un proyecto de ley que estableció que los combustibles deben contar con 50 % de alcohol proveniente de caña de azúcar, medida que, según críticos, favorece directamente a la Azucarera Iturbe SA.
La iniciativa fue aprobada con rapidez en el Senado, en apenas diez días, pese a la advertencia de la Cámara Paraguaya de Biocombustibles y Energías Renovables, que calificó la normativa como “inicua e ineficaz”. Para los opositores, la disposición obliga a adquirir casi toda la producción de Iturbe, generando dependencia de una sola industria.
Uno de los accionistas de la azucarera es justamente Carlos Morínigo Gamell, a través de su firma Neufeld Alcoholes SA (Neualco). En mayo pasado, Neualco anunció públicamente la compra de los bienes e inmuebles de la desaparecida Azucarera Iturbe SA. Además, Morínigo ocupa el cargo de secretario en la Asociación Civil Comunidad Cenáculo, presidida por Paola Serrati de Leite, esposa del senador Leite.
Fuente: El Observador- LPO
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