Socios de la cooperativa Poravoty piden al Incoop revocar cancelación de personería jurídica de la mutual. Foto: Renato Delgado.
El presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo Carlos Romero Roa confirmó que 51 cooperativas se encuentran actualmente en proceso de liquidación a nivel nacional. La cifra evidencia las dificultades estructurales que enfrenta el sector cooperativo para mantener su sostenibilidad financiera y operativa en el mercado actual.
Entre las entidades más antiguas en liquidación figura la cooperativa Minga Guasú, que lleva más de 30 años en este proceso según el registro institucional. Romero Roa explicó que las comisiones liquidadoras están conformadas por ex socios de las entidades acompañados por funcionarios designados por el Incoop para supervisar los procedimientos de cierre.
La cooperativa Poravoty representa el caso más reciente y problemático del sistema, con 660 ahorristas a plazo fijo afectados que representan el 85% de su cartera total. Esta situación expuso nuevamente la vulnerabilidad del sistema cooperativo ante crisis financieras internas y la ausencia de mecanismos de protección para los depositantes.
El titular del Incoop destacó que algunas cooperativas logran revertir su situación crítica mediante procesos de capitalización o reestructuración que les permiten retomar operaciones normales. Sin embargo, reconoció que cuando los números no permiten continuidad operativa, el proceso de liquidación se convierte en la única alternativa viable para las entidades.
La principal diferencia con el sistema bancario radica en la ausencia de un fondo de garantía que proteja los ahorros de los cooperativistas. Romero Roa subrayó que las cooperativas son entidades sin fines de lucro conformadas por socios propietarios, mientras que los bancos operan con capital de inversionistas que buscan rentabilidad económica.
El proyecto de fondo de garantía cooperativo permanece en discusión desde 2008-2009 sin concretarse hasta la fecha. El funcionario explicó que la implementación requiere aprobación legislativa y la integración de fondos específicos para la protección de depósitos, proceso que enfrenta obstáculos técnicos y políticos persistentes.
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Los datos de la Sindicatura General de Quiebras registran 14 cooperativas en juicio de quiebra desde 2004, sumando otras dos desde 2002, para un total de 16 entidades que debieron convocar formalmente a sus acreedores. Durante el año anterior se cancelaron administrativamente 22 cooperativas adicionales, aunque no todas pertenecían al rubro de ahorro y crédito.
La situación de Poravoty ilustra la desprotección de los ahorristas cooperativos, quienes no cuentan con mecanismos de recuperación similares a los del sistema bancario tradicional. Romero Roa advirtió que ninguna ley de protección del ahorro garantiza la devolución completa de los depósitos perdidos, exponiendo las limitaciones estructurales del marco regulatorio cooperativo vigente.
Fuente: Última Hora
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