Ordenan prisión preventiva para agente de la Interpol denunciado por supuesto abuso sexual en niños. Siro Benítez
El juez Marcelo Ramírez del Juzgado Penal de Garantías de Villarrica ordenó la prisión preventiva de un agente de la Interpol acusado de abuso sexual contra sus dos hijas menores de 6 y 15 años. El procesado deberá guardar reclusión en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional de Asunción hasta la resolución definitiva del caso.
El Ministerio Público, representado por la agente Noelia Soto, había solicitado la medida privativa de libertad desde julio, fundamentando su pedido en la gravedad del caso y el riesgo procesal que representaba mantener al imputado en libertad. La defensa se opuso y propuso medidas alternativas, presentando documentación como hoja de servicios policiales y certificados psicológicos.
El aspecto más controvertido del debate fue el ofrecimiento de fianza personal realizado por una magistrada identificada como pareja sentimental del procesado. La jueza ofreció una finca valuada en G. 705 millones como garantía para evitar la reclusión del agente, generando cuestionamientos sobre posibles interferencias en el proceso judicial.
La situación generó alarmas sobre la posible injerencia de la magistrada en el desarrollo del caso, considerando que desde el inicio del proceso existían sospechas de que utilizaba sus influencias para retrasar el avance de la investigación. Esta circunstancia fue señalada por la parte denunciante como un elemento que podría comprometer la imparcialidad del proceso.
La imputación contra el agente se formalizó tras meses de investigación de la Fiscalía de Villarrica. El uniformado fue denunciado en abril por su exesposa, quien acusó al hombre de mantener un patrón sistemático de abusos contra sus hijas menores de edad durante períodos prolongados.
Según la denuncia, la hija mayor de 15 años sufrió los abusos durante un tiempo extenso, mientras que la menor de apenas 6 años también habría sido víctima del mismo patrón de conducta. Las acusaciones describen un comportamiento sistemático que se habría extendido por períodos considerables según el relato de la madre.
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La abogada Rosana Figueredo, representante de la denunciante, confirmó que llevan una querella adhesiva para mantener participación activa dentro del proceso penal. La estrategia legal busca garantizar que los intereses de las víctimas estén adecuadamente representados durante todas las etapas del procedimiento judicial.
Tanto la madre como las niñas víctimas se encuentran bajo resguardo policial debido al temor de posibles represalias, según informó la defensa legal. Esta medida de protección busca garantizar la seguridad de las denunciantes mientras se desarrolla el proceso judicial contra el agente de la Interpol en los tribunales de Guairá.
Fuente: ABC Color
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