Una llamada anónima desencadenó una investigación que terminó con el descubrimiento de restos humanos enterrados en una propiedad del barrio Bernardino Caballero de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay. La fiscal Katia Uemura dirigió personalmente el operativo que confirmó las sospechas sobre la desaparición de Néstor Damián Rodríguez.
El procedimiento se inició después de que la hermana de la víctima presentara una denuncia formal el lunes, reportando que su hermano había desaparecido desde el 10 de mayo. La coincidencia temporal entre esta denuncia y la información anónima recibida por la Fiscalía motivó la orden de allanamiento inmediato.
Los bomberos colaboraron en las tareas de excavación, concentrando sus esfuerzos en una zona de cemento recién compactado dentro de la vivienda. “Encontramos una cementación recientemente hecha que llamó nuestra atención”, explicó la representante del Ministerio Público durante la conferencia de prensa.
A un metro de profundidad, los investigadores localizaron un tambor plástico doméstico que contenía los restos de Rodríguez, de 33 años. El médico forense César González precisó que el cuerpo fue colocado en posición fetal con toda su vestimenta: remera, pantalón de jean y calzado deportivo.
Víctor Manuel Santacruz Torres, propietario de la vivienda y ex cuñado del fallecido, quedó detenido como principal sospechoso. Ambos mantenían una relación laboral en un negocio de lavandería, según confirmaron fuentes policiales.
La investigación reveló que Santacruz tiene dos hijos menores que quedaron bajo su cuidado tras ser abandonados por su madre. Los menores fueron entregados a familiares mientras avanza el proceso judicial.
Unite a nuestro canal de Whatsapp
El forense detectó una lesión visible en la zona frontal del cráneo, aunque evitó brindar detalles adicionales para preservar la integridad de las evidencias. El cuerpo será trasladado al laboratorio del Ministerio Público en Asunción para realizar la autopsia definitiva.
La imputación por homicidio doloso contempla penas de 20 a 30 años de prisión. El caso expone nuevamente la problemática de violencia que afecta a la región fronteriza, donde las desapariciones forzadas requieren respuestas inmediatas del sistema judicial.
Fuente: ÚH
