Foto: José Bogado.
La Fiscalía General del Estado informó que se encuentran en proceso de análisis cinco denuncias penales presentadas por Carlos Pereira, interventor de la Municipalidad de Asunción, tras la auditoría a la gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez. El exintendente renunció a su cargo antes de que el informe de intervención fuera tratado en la Cámara de Diputados, lo que generó sospechas sobre un eventual acuerdo político para evitar su destitución.
Entre las denuncias presentadas, una se refiere a supuestas irregularidades en la habilitación de comercios y otra a la prescripción de un centenar de actas de intervención que no fueron notificadas en tiempo y forma, lo que imposibilitó su tramitación. Otra causa investiga el presunto ofrecimiento y venta de cargos públicos, que ya fue asignada a la agente fiscal Verónica Valdez, quien dispuso la apertura de una investigación penal.
También figura una denuncia sobre presunta manipulación de los sistemas informáticos de la municipalidad para alterar metrajes de propiedades, con impacto directo en el cálculo de tributos. Este caso cuenta con dictamen para ser derivado a la Unidad de Delitos Informáticos. El paquete de acusaciones incluye además la supuesta falsificación de planos y la existencia de “cajas paralelas” en la administración municipal.
A estas causas se suman otras dos imputaciones que ya pesan sobre el exintendente. Una corresponde al caso conocido como “detergentes de oro”, que refiere a compras irregulares de insumos de limpieza durante la pandemia, y otra por el presunto desvío de G. 500 mil millones provenientes de la emisión de bonos G8, que debían destinarse a obras de infraestructura, pero que según el informe fueron utilizados para cubrir gastos corrientes.
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El documento elaborado por el interventor Pereira señala que la gestión de Rodríguez se apartó progresivamente de los estándares de transparencia y gobernanza, lo que derivó en un déficit estructural.
De acuerdo con el análisis, la utilización de la Ordenanza 175/2018 permitió la mezcla indiscriminada de recursos municipales de distintos orígenes, sin resguardo legal, configurando lo que describió como una “red de cuentas desarticuladas” y una cuenta única ilegal.
Fuente: ABC Color
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