La administración municipal de Asunción sigue bajo la lupa tras la intervención que reveló un desvío ilegal de más de G. 500.000 millones durante la gestión del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez. Según especialistas, tanto el exjefe comunal como los concejales que aprobaron sus rendiciones de cuentas están obligados a responder con su patrimonio personal por los daños ocasionados a la Comuna.
La abogada Rosa Vacchetta recordó que el artículo 106 de la Constitución Nacional establece que ningún funcionario público está exento de responsabilidad y que en caso de faltas, delitos o transgresiones, son personalmente responsables. A esto se suma el artículo 276 de la Ley Orgánica Municipal, que obliga a intendentes y miembros de la Junta a resarcir con sus bienes los perjuicios ocasionados, salvo aquellos que hayan votado en contra o justificado su disidencia.
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“El intendente y los concejales deben devolver con su peculio personal el daño patrimonial que se demuestre en el Municipio”, afirmó Vacchetta, quien además citó como ejemplos de irregularidades las obras nunca iniciadas en Itá Pytã Punta y la revitalización inconclusa de la Estación de Buses.
Los números reflejan la magnitud del problema: la deuda por bonos emitidos durante la administración Rodríguez supera los G. 2 billones, mientras que las deudas a proveedores y préstamos alcanzan los G. 155.000 millones. Según el informe del interventor Carlos Pereira, la Municipalidad acumula además más de G. 29.000 millones en compromisos vencidos.
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El exconcejal Federico Franco Troche sostuvo que, pese a la renuncia de Nenecho, la responsabilidad de la Junta Municipal no desaparece. Recordó que los ediles aprobaron balances y ejecuciones presupuestarias que ya mostraban indicios del desvío. “La Fiscalía deberá determinar si existen sanciones penales y la inhabilitación para ejercer cargos públicos”, señaló.
Troche agregó que la Ley de la Intervención no es clara respecto a la destitución de concejales en estos casos, pero sí abre la posibilidad de que se los responsabilice civil y penalmente. “Cuando se habla de responsabilidad personal, significa responder con sus bienes; y si no tienen capacidad, el Estado asume subsidiariamente”, explicó.
Fuente: ÚH
