Un video difundido en redes sociales colocó en el ojo de la tormenta al fiscal Juan Daniel Benítez, de San Pedro. En las imágenes, aparece cantando y bailando la tradicional polca colorada junto a la intendenta de Santa Rosa del Aguaray, Silvia Trubger (ANR-HC), en una celebración privada que habría tenido lugar el pasado 30 de julio. La grabación desató indignación ciudadana debido a que el agente fiscal está vinculado a la reciente liberación de Derlis Adilson Dávalos, principal sospechoso del feminicidio de Antonia Salinas Espinoza.
El material audiovisual lo muestra compartiendo escenario con la jefa comunal, en un ambiente distendido y aparentemente en medio de bebidas alcohólicas. El festejo, lejos de ser un simple acto social, contradice el código de ética de la función pública, que prohíbe conductas que puedan afectar la imparcialidad e imagen de los funcionarios.
La controversia se agrava al recordar que Benítez liberó hace menos de dos semanas a Dávalos, denunciado previamente por su pareja, la misma víctima de feminicidio. El sospechoso continúa prófugo y es buscado por la Policía. En paralelo, otro fiscal, José Alberto Godoy, encabeza la investigación y en recientes allanamientos detuvo a Abel Fernández Vargas, señalado como colaborador en la fuga de Dávalos.
La indignación se trasladó a las calles. Grupos ciudadanos convocaron para este lunes a una movilización en San Pedro, reclamando justicia para Salinas y la destitución de los funcionarios cuestionados.
El historial del fiscal Benítez tampoco es ajeno a irregularidades. Documentos del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) revelan que en 2021 recibió una sanción de apercibimiento por mal desempeño en un caso de homicidio doloso. Según los antecedentes, permitió el levantamiento irregular de detenciones y manejó dinero ofrecido como “donación” sin autorización judicial, lo que ya había puesto en duda su desempeño ético.
Los detalles de aquel expediente muestran que Benítez utilizó parte de la suma de dinero para insumos de su sede fiscal y otra parte para una comisaría local, sin intervención del Juzgado Penal de Garantías. Aunque en ese momento el JEM no lo destituyó, el episodio marcó un antecedente cuestionado que hoy vuelve a cobrar relevancia.
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El Ministerio Público aún no emitió una postura oficial sobre la conducta del fiscal tras la difusión del video. Sin embargo, el caso presiona a la institución en un contexto de creciente desconfianza ciudadana hacia la administración de justicia en materia de violencia contra la mujer.
Con el feminicida sospechoso todavía prófugo y la sociedad exigiendo respuestas, la polémica sobre la ética y el desempeño de los agentes fiscales amenaza con convertirse en un nuevo capítulo de crisis institucional en el sistema judicial paraguayo.
Fuente: ABC Color- JEM
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