La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió rechazar un recurso que impedía el avance del caso conocido como Operativo Berilo. La decisión habilita al juez de Garantías Miguel Palacios a fijar la fecha para la audiencia preliminar.
El fallo fue adoptado de manera unánime por los ministros Manuel Ramírez Candia, Luis María Benítez Riera y Eugenio Jiménez Rolón. Declararon inadmisible el recurso presentado por el abogado Pedro Albino Rodríguez, defensor de Diego Medina, uno de los procesados.
La defensa había cuestionado la resolución de la Cámara de Apelaciones que rechazó una recusación contra el juez Palacios. Con esta acción buscaban apartarlo del caso, pero el intento fue desestimado por carecer de sustento jurídico.
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La Corte sostuvo que, conforme al sistema acusatorio vigente, solo tiene competencia para revisar recusaciones dirigidas contra miembros del Tribunal de Apelaciones. En este caso, se trataba de una decisión de confirmación sobre un juez de Garantías, lo cual no corresponde a su análisis.
Con la inadmisión del recurso, se destraba uno de los obstáculos que demoraba el avance del proceso penal. El magistrado Palacios podrá ahora fijar la fecha para la audiencia preliminar en la que se definirá si los acusados enfrentarán juicio oral.
En el marco del Operativo Berilo están procesadas más de 20 personas, entre ellas Reinaldo “Cucho” Cabaña, su esposa Gloria López y el exdiputado Ulises Quintana. La causa investiga una red de narcotráfico, lavado de dinero y complicidad policial y fiscal.
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También figuran en la lista policías, asistentes fiscales, y allegados del supuesto líder narco. La Fiscalía sostiene que varios de los procesados actuaron como colaboradores o facilitadores en la estructura criminal.
Además, el Ministerio Público solicitó el sobreseimiento de cuatro personas, entre ellas dos ciudadanas colombianas, por falta de elementos para sostener la acusación.
La audiencia preliminar será clave para determinar qué acusados enfrentan juicio oral por asociación criminal, tráfico de drogas, lavado de activos y otros delitos conexos. El caso se inició en 2018 con un operativo que derivó en múltiples allanamientos, detenciones y decomisos.
Fuente: Última Hora
