El Ministerio Público y la Policía Nacional desplegaron este jueves un operativo simultáneo en distintos puntos del país, en el marco de la investigación sobre la red que habría facilitado el ocultamiento de bienes vinculados al exdiputado Eulalio “Lalo” Gomes. La operación fue bautizada como “Copia fiel” y apunta a escribanías y una empresa privada supuestamente implicadas en transacciones irregulares.
De acuerdo con el comisario Luis López, jefe del Departamento contra el Crimen Organizado, los allanamientos se realizaron en cuatro escribanías y en una firma con sede en Santaní. Los investigadores sostienen que en estos lugares se habrían recibido documentos falsos y poderes sin validez, que luego fueron utilizados para transferir inmuebles sujetos a medidas cautelares judiciales.
En uno de los puntos intervenidos, una escribanía en San Juan del Paraná, se habría originado el esquema de transferencias fraudulentas. Según López, allí se usaron protocolos y documentos adulterados, incluso recurriendo al nombre de una persona fallecida en 2019 en Buenos Aires, lo que refleja la magnitud del fraude.
Los procedimientos buscan incautar copias de sistemas informáticos, protocolos notariales y documentos que permitan identificar a los responsables de estas maniobras. La hipótesis de los investigadores es que este entramado operaba desde hace años con la colaboración de profesionales de la fe pública, quienes habrían ayudado a ocultar bienes provenientes del narcotráfico.
El exdiputado Gomes había sido imputado por presunto lavado de dinero ligado al tráfico internacional de drogas y murió en un operativo policial. Sin embargo, las pesquisas no se detuvieron, y tras su fallecimiento surgieron más indicios de la red que movía sus bienes.
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En esta misma causa está procesado su hijo, Alexandre Rodrigues, quien permanece detenido, así como el abogado de la familia, Óscar Tuma, investigado por supuestas transferencias irregulares de inmuebles. La empresa allanada en Santaní aparece como “último comprador” de varias propiedades, lo que la coloca bajo la lupa de los investigadores.
Las autoridades resaltaron que el objetivo es desmantelar un circuito que habría permitido al crimen organizado blanquear patrimonios bajo apariencia legal. El caso abre nuevas interrogantes sobre la connivencia de profesionales con redes ilícitas y la capacidad del Estado para evitar que bienes sujetos a medidas judiciales sean transferidos sin control.
Fuente: ABC Color
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