Wilfrido Cáceres, exjefe de Gabinete de la Municipalidad de Asunción, junto a su esposa, también sospechosa, Ruth Da Silva, en uno de sus tantos viajes, lujo del cual no se privaban pese a tener otros millonarios gastos. Foto: ABC Color
La Justicia fijó para la segunda semana de octubre la audiencia preliminar de Wilfrido Cáceres y su esposa Ruth Jazmín Da Silva, ambos acusados por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, junto a otras dos personas vinculadas. Cáceres fue director de Finanzas y jefe de Gabinete de la Municipalidad de Asunción durante la gestión de Óscar Nenecho Rodríguez.
El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, estableció las fechas del miércoles 8 y jueves 9 de octubre a las 8:30 para el desarrollo de la diligencia. También están convocadas Camila Ramírez Gómez, estudiante de odontología y secretaria de la pareja, y su madre Elvira Gómez viuda de Ramírez.
La última convocatoria, prevista para el 30 de junio, fue suspendida tras un recurso de apelación general presentado por la defensa de Cáceres contra la resolución que confirmó a Estigarribia en la causa. Con esta nueva citación, el proceso busca avanzar hacia el juicio oral y público solicitado por la Fiscalía.
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La investigación está a cargo de los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Silvio Corbeta y Luis Piñánez, quienes señalan que el exfuncionario no puede justificar un incremento patrimonial superior a G. 7.764 millones entre 2013 y 2023. La causa surgió tras denuncias sobre presunto desvío de fondos municipales durante la pandemia, conocido como el caso del “detergente de oro”.
Según el Ministerio Público, desde 2017 y con mayor intensidad desde 2020, la pareja adquirió propiedades en San Lorenzo, Ñemby y Piribebuy, además de vehículos y mobiliarios de alto valor. Estos bienes habrían sido ocultados del patrimonio conyugal para evadir su detección por la Contraloría General de la República.
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En paralelo, Cáceres también está convocado para los días 6, 7 y 8 de octubre a la audiencia preliminar del caso “detergente de oro”, junto al exintendente Rodríguez y otros acusados por presunta lesión de confianza y asociación criminal. Según la Fiscalía, se adjudicaron contratos a empresas sin capacidad operativa, causando un perjuicio de G. 1.808 millones al municipio.
El informe detalla que en 2020 y 2021 se pagó hasta G. 393.800 por litro del detergente Alka DDS, pero la Municipalidad no recibió el volumen total abonado. Los fondos utilizados provenían del Fondo Nacional de Emergencia, destinado a mitigar el impacto de la pandemia.
Fuente: ABC Color
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