Diana Patricia Meza continúa su batalla legal contra una medida judicial que considera censura pura. La causa NORMA BELÉN ZÁRATE DE MONGES C/ DIANA PATRICIA MEZA S/ DENUNCIA EN VIRTUD A LA LEY 5777/16 tiene nueva audiencia el martes 16 de septiembre a las 09:30 horas.
La exfuncionaria fue sancionada por criticar a la gobernadora Zárate, con una medida que incluye eliminación de publicaciones críticas y orden de alejamiento. Meza, quien cobraba menos del salario mínimo y tiene un hijo con discapacidad, debe comparecer para sustanciar su defensa, ofrecer pruebas y rebatir la mala aplicación de las leyes 1600 y 5777.
Jueces inhibidos y vínculos cuestionables
Desde octubre de 2024, varios magistrados se inhibieron de conocer la causa. El expediente recayó de nuevo en manos del juez Óscar Villalba, quien mantiene vínculos de amistad conocidos con la gobernadora Norma Zárate de Monges durante su pasado en la justicia. Esta relación personal genera serios cuestionamientos sobre la imparcialidad del proceso judicial en curso.
El abogado defensor de Meza denunció anomalías en el procedimiento. El juzgado citó únicamente a la denunciada para la audiencia del martes, omitiendo convocar a la denunciante. Esta omisión viola principios básicos del debido proceso.
El despido que precedió la denuncia
Diana Patricia Meza trabajó siete años como auxiliar en la Secretaría de Acción Social. Cobraba menos del salario mínimo y tiene un hijo con discapacidad. La gobernadora Zárate procedió a despedirla sin considerar su situación familiar vulnerable. El despido ocurrió después de que Meza comenzara a cuestionar públicamente la gestión gubernamental.
La gobernadora fundamentó su denuncia en la Ley 5777, normativa diseñada para proteger a las mujeres contra la violencia. Juristas y organizaciones de derechos humanos critican este uso, argumentando que desvirtúa el propósito original de la legislación. La norma se convierte así en herramienta de silenciamiento político.
La medida cautelar impuesta a Meza incluye prohibición de acercamiento a la gobernadora y eliminación total de publicaciones críticas. Esta decisión establece un precedente peligroso para la libertad de expresión.
Reacciones del sector jurídico y de derechos humanos
La abogada especialista en derechos humanos Alejandra Peralta calificó el caso como violación flagrante de libertades fundamentales. Peralta señaló la contradicción de usar una ley protectora de mujeres para denunciar a otra mujer por ejercer su derecho a la crítica política. Su pronunciamiento refleja la preocupación del gremio legal especializado.
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TEDIC y otras organizaciones civiles documentan el uso creciente de instrumentos legales para silenciar voces críticas. Este caso se suma a una tendencia preocupante donde funcionarios públicos recurren al sistema judicial para evitar el escrutinio ciudadano. La estrategia revela una comprensión errónea del ejercicio democrático del poder.
Un martes decisivo para la democracia
La audiencia del martes definirá si Paraguay retrocede en materia de libertades públicas o reafirma el derecho ciudadano a la crítica gubernamental. Diana Patricia Meza representa miles de ciudadanos que cuestionan la gestión pública diariamente. Su caso trasciende lo individual para convertirse en termómetro de la salud democrática nacional.
Por RDN
