La Contraloría General de la República (CGR) detectó graves falencias administrativas y financieras en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción (FP-UNA) durante el ejercicio fiscal 2024. El informe señala que se gestionaron de forma irregular más de G. 30.000 millones (USD 4,3 millones) bajo la administración de la decana Silvia Leiva.
La auditoría de la CGR, concluida en julio, advierte sobre un caótico manejo de recursos públicos, con prácticas que comprometen la transparencia institucional. Una de las observaciones más relevantes es la anulación de registros contables por G. 16.000 millones sin que se haya dejado constancia ni realizado controles internos sobre la operación.
Según la CGR, no existe evidencia que respalde el registro de esos fondos, equivalentes a USD 2,2 millones, lo que genera dudas sobre la veracidad de los datos financieros de la facultad. Esto llevó a recomendar la apertura de una investigación interna para deslindar responsabilidades y aplicar eventuales sanciones.
La administración de la FP-UNA respondió que los registros anulados correspondían a ajustes realizados antes del cierre contable mensual y que no generaron diferencias patrimoniales. Sin embargo, la Contraloría se ratificó en su observación, señalando que no se justificaron formalmente las anulaciones, incumpliendo las normas vigentes.
El informe también cuestiona el manejo poco claro de los ingresos provenientes de contratos y convenios con entidades externas, por más de G. 3.108 millones. La facultad no pudo precisar en qué momento debían ser reconocidos como cuentas por cobrar en sus balances, lo que afecta la transparencia de sus estados financieros.
Además, se detectaron pagos de bonificaciones indebidas por G. 60,7 millones a funcionarios por supuesta custodia de equipos de laboratorio, sin respaldo legal en la ley de presupuesto 2024, lo que representa un uso irregular de fondos públicos.
Unite a nuestro canal de Whatsapp
Otra irregularidad señalada fue el pago de salarios mediante cheques por G. 10.484 millones, en lugar de transferencias electrónicas como exige el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La CGR advirtió que este mecanismo afecta la trazabilidad y confiabilidad de los egresos salariales.
La Contraloría concluyó que las falencias detectadas comprometen la transparencia, legalidad y control interno de la FP-UNA, y recomendó acciones correctivas inmediatas para garantizar el uso adecuado de los recursos públicos.
Fuente: ABC Color
