La jueza de Garantías Especializada en Crimen Organizado Rosarito Montanía resolvió rechazar los incidentes planteados por la defensa de Gianina García Troche, pareja del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset Cabrera, en el marco del proceso por presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico internacional. Con esta decisión, el juzgado ratificó la legalidad de las actuaciones en la causa conocida como A Ultranza Py.
Los recursos rechazados incluían pedidos de nulidad absoluta por supuesta violación de garantías constitucionales, extinción de la acción penal, perentoriedad de la etapa preparatoria, violación de plazos y del debido proceso. Las presentaciones fueron realizadas por el abogado Osvaldo Daniel Arrúa, quien buscaba el sobreseimiento definitivo de su defendida.
La resolución fue emitida mediante el Auto Interlocutorio N.º 202 de fecha 12 de septiembre de 2025, días después de que la misma magistrada negara otro incidente que pretendía anular la declaración indagatoria de García Troche. Contra ambas resoluciones, la defensa interpuso recursos de reposición y apelación subsidiaria.
Montanía argumentó que no existe perjuicio concreto ni violación de normas que justifiquen declarar nulas las actuaciones. Señaló que la defensa no identificó cuál sería el agravio irreparable ni qué principios habrían sido conculcados durante el proceso penal.
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Además, precisó que García Troche tuvo oportunidades suficientes para prestar declaración indagatoria y que el plazo de investigación fue prorrogado hasta el 20 de noviembre de 2025 debido al tiempo en que la acusada estuvo en rebeldía, sin someterse al proceso judicial.
La jueza remarcó que no se vulneraron derechos ni garantías constitucionales, ni se incumplieron disposiciones del Código Procesal Penal ni de tratados internacionales vigentes, por lo que corresponde que la investigación continúe su curso normal.
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De acuerdo con la Fiscalía, García Troche habría creado una sociedad para blanquear capitales obtenidos del tráfico de cocaína y abrió cuentas bancarias con el fin de introducir esos fondos en el sistema financiero.
La mujer fue entregada a Paraguay el 25 de abril de 2024 por orden de la Audiencia Nacional de España, tras el rechazo a su pedido de asilo en ese país. La pena prevista por los delitos que se le atribuyen va de 5 a 25 años de prisión.
Fuente: ABC Color
