Dionisio Amarilla. Foto: Abc.
El 27 de agosto de 2025, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) resolvió inhabilitar por tres meses al Consorcio Arapoty Transformadores y a sus empresas integrantes: Superkva Transformadores SA y Dionisio Oswaldo Amarilla Guirland. La medida fue adoptada por incumplimiento contractual y mala fe en un contrato con la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).
El acuerdo, firmado por un valor de G. 17.136 millones, obligaba al consorcio a entregar 1.440 transformadores. Sin embargo, solo fueron entregados 121 y, de estos, los primeros 20 no superaron las pruebas técnicas establecidas.
El consorcio cobró el 4 de enero de 2021 un anticipo de G. 3.427 millones. Tras la rescisión del contrato, aún permanece pendiente la devolución de G. 3.139 millones. La ANDE también exigió G. 1.713 millones en concepto de garantía, sumando un total de G. 4.852 millones reclamados.
La ANDE rescindió el contrato en enero de 2023 y remitió los antecedentes a la DNCP. La apertura del sumario se dio en julio del mismo año, pero en octubre fue suspendido por decisión administrativa. La suspensión respondió a un pedido del consorcio, que alegó la existencia de un proceso contencioso administrativo en curso.
La medida generó cuestionamientos porque contradecía el artículo 21 de la Ley 2051/03, que ordena proseguir los sumarios administrativos aun con litigios judiciales paralelos. Pese a ello, la DNCP decidió frenar el proceso, lo que prolongó por casi dos años la resolución definitiva.
Lea más: Dionisio y aseguradora de exsocios de Santi se niegan a pagar G. 4.852 millones a la ANDE
Dionisio Amarilla Guirland integró formalmente el consorcio hasta octubre de 2022, periodo en el que se produjo el cobro del anticipo y los incumplimientos contractuales. Actualmente, el consorcio es representado por su padre, Dionisio Amarilla González.
La resolución N° 2525/25 establece que el consorcio y sus empresas integrantes quedan inhabilitados para contratar con el Estado durante tres meses. La DNCP concluyó que hubo mala fe contractual en la ejecución del contrato con la ANDE.
La ANDE recurrió a la aseguradora ueno para recuperar los G. 4.852 millones reclamados. Sin embargo, la compañía, vinculada a exsocios comerciales del presidente Santiago Peña, también se niega a cumplir con la póliza hasta que se resuelva la acción administrativa interpuesta por el consorcio.
Unite a nuestro canal de Whatsapp
El asesor jurídico de la ANDE, Nelson Medina, sostuvo que la obligación de la aseguradora es independiente al litigio judicial. Aseguró que la estatal agotará las vías legales para obtener el resarcimiento económico.
La situación expone las dificultades del Estado para hacer cumplir las cláusulas contractuales y recuperar fondos públicos en casos de incumplimiento. También evidencia la necesidad de mayor rigor en la aplicación de sanciones a proveedores estatales.
Fuente: ABC Color
Esta web usa cookies.
