Jueza Carmen Analía Cibils. Foto: Archivo ÚH.
Ujieres y actuarios de los Juzgados de Paz de La Encarnación y San Roque confesaron ante la Fiscalía detalles del esquema corrupto liderado por la jueza Carmen Analía Cibils. El ujier Arturo Ayala Franco reveló que debía entregar G. 25 millones semanales en efectivo a la magistrada cada viernes por firmar notificaciones que nunca se realizaban. La confesión expone el núcleo del sistema de recaudación que operaba en el poder judicial.
Ayala Franco declaró que por el volumen de notificaciones que tenía para firmar, la jueza debía recibir su parte correspondiente a G. 25 millones semanales. El monto era entregado en efectivo los viernes en la oficina de Cibils. Si el ujier no alcanzaba la cifra establecida, debía pagar con retroactivo la semana siguiente. El dinero constituía el objetivo mínimo, pero podía aumentar si ingresaban más empresas al juzgado.
La jueza Cibils mantenía control absoluto del esquema mediante un sistema de cámaras de circuito cerrado instalado en todo el juzgado. Llevaba registro detallado de la cantidad de notificaciones entregadas y pagos recibidos. Nicolás Antúnez, otro ujier, confirmó que la magistrada le advirtió que tenía todo controlado, tanto por las cámaras como por contacto directo con abogados. La distribución era 70% para ella y 30% para el ujier.
Las empresas de cobranza operaban directamente con la jueza, quien establecía costos diferenciados para las grandes firmas. Recibían descuentos del 20% al 30% sobre los montos oficiales establecidos por la Corte Suprema. Cibils había comunicado personalmente la forma de trabajo y los montos en reuniones con los funcionarios. El sistema beneficiaba especialmente a empresas como Carsa, que llegó a entregar 1.300 cédulas de notificación en una sola ocasión.
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Los funcionarios confesaron que las notificaciones nunca se realizaban efectivamente, limitándose a sellar y firmar informes masivos. Audrey Galeano declaró que elaboraba informes consistentes únicamente en sello y firma, devolviendo las cédulas a los abogados días después. La jueza sabía todo lo que ocurría porque tenía instalado el sistema de circuito cerrado con micrófonos que le permitía controlar desde su despacho.
Alfredo Benítez reveló que nunca vio un pagaré original en el juzgado ni constató que los abogados los presentaran formalmente. Los expedientes permanecían en poder de las empresas de cobranza durante todo el proceso judicial. Solo llegaban al juzgado cuando necesitaban firmas específicas, llevando las cédulas en paquetes o bloques para agilizar el trámite corrupto.
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El esquema se replicaba en el Juzgado de San Roque, donde el ujier Líder Rodrigo Benegas confirmó que los abogados debían conversar previamente con la jueza para establecer acuerdos. Las condiciones incluían juicios rápidos, notificaciones expeditas y soluciones inmediatas. Todas las actuaciones eran preparadas externamente por los abogados, incluyendo escritos, cédulas y resoluciones judiciales.
La Fiscalía presentó acusación contra 61 personas esta semana, incluyendo a la jueza Cibils y múltiples funcionarios judiciales. Diecinueve empresas de cobranza están involucradas en la trama que operaba en cuatro Juzgados de Paz. Los G. 25 millones semanales que recibía Cibils representan solo una parte del esquema corrupto que generaba millones mediante notificaciones falsas y expedientes manipulados por empresas privadas de cobranza.
Fuente: Última Hora
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