Foto: Archivo / ABC
El Instituto de Previsión Social (IPS) quedó en el centro de cuestionamientos tras denuncias de empresas del rubro gastronómico sobre un presunto direccionamiento en la licitación de provisión de alimentos hospitalarios por más de 19.900 millones de guaraníes.
El proceso, identificado con el ID 462993, corresponde a la contratación de servicios tercerizados para hospitales regionales y unidades sanitarias dependientes de la Dirección de Hospitales del Área Interior (DHAI). Actualmente se encuentra suspendido por resolución de Contrataciones Públicas, luego de las protestas de oferentes que acusan exigencias técnicas arbitrarias.
Las críticas apuntan a que el pliego de bases y condiciones impone requisitos diseñados para limitar la libre competencia y favorecer a determinadas empresas. Entre los puntos más cuestionados figuran las exigencias de registros alimentarios que no guardan relación directa con la comida hospitalaria.
Uno de los aspectos más polémicos es la obligación de que las empresas participantes sean fabricantes de productos comprendidos en las categorías 5 y 6 del INAN. Estas incluyen azúcares, caramelos, chocolates, harinas y snacks, rubros que no forman parte de una dieta hospitalaria ni deberían ser de producción directa de un oferente gastronómico.
Los denunciantes señalan que estas exigencias coinciden con las presentes en licitaciones del programa Hambre Cero, lo que sugiere un posible direccionamiento hacia empresas vinculadas a ese esquema. De esta forma, quedarían excluidas pequeñas y medianas empresas con experiencia en alimentación hospitalaria.
Otro punto señalado es la eliminación del requisito de la certificación HACCP, un sistema internacional de control de inocuidad alimentaria obligatorio en hospitales del Mercosur. Los oferentes advierten que esta omisión compromete la calidad y la seguridad de los alimentos que se destinan a pacientes.
Adicionalmente, se exige a los oferentes contar con registros de categorías como lácteos, condimentos y aderezos, productos que las empresas gastronómicas utilizan como insumos y no producen directamente. Según los afectados, este tipo de requisitos constituyen trabas injustificadas que limitan la participación.
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Los oferentes afirman que el diseño del pliego responde a intereses ajenos a la transparencia, lo que contradice los principios de igualdad, imparcialidad e integridad que deben regir todo proceso licitatorio. Reclaman la anulación de las cláusulas restrictivas y exigen un nuevo llamado bajo reglas claras.
El caso permanece en evaluación en Contrataciones Públicas, mientras el IPS debe responder a las observaciones planteadas. El proceso se suma a otros cuestionamientos recientes sobre contrataciones de gran escala, generando presión en torno a la transparencia de las licitaciones públicas.
Fuente: ABC Color
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