Fachada de la Caja De Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal. Foto: José Bogado.
La fiscala anticorrupción Luz Guerrero imputó a 12 funcionarios de la Caja de Jubilados y Pensionados del Personal Municipal, entre ellos exdirectivos, por los presuntos delitos de lesión de confianza y uso de documentos no auténticos. Según el Ministerio Público, las irregularidades estarían relacionadas con pagos indebidos de la Devolución Total de Aportes (DTA).
El caso involucra el desembolso de sumas a personas que no figuraban como beneficiarios legítimos, en contravención de los procedimientos administrativos. Este mecanismo habría generado un perjuicio patrimonial de aproximadamente G. 10.000 millones, conforme a la investigación en curso.
La causa se remonta al incendio del 16 de mayo de 2024, que destruyó documentos clave de la Caja Municipal. De acuerdo con la Fiscalía, el fuego fue intencional y tuvo como finalidad eliminar pruebas. El hecho fue atribuido a Fernando Kiessel Bejarano, detenido tras confirmarse su participación en la quema de archivos.
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El siniestro coincidió con una auditoría impulsada por la Contraloría General de la República, que indagaba los manejos financieros de anteriores administraciones. Las pesquisas apuntan a irregularidades en la concesión de créditos y devoluciones de aportes que nunca fueron restituidos.
Posteriormente, una auditoría interna especial ordenada por el presidente de la Caja, Venancio Díaz Escobar, reveló duplicaciones y hasta cuadruplicaciones de cobros irregulares, que totalizaron G. 6.594 millones. El análisis detectó cheques emitidos varias veces bajo el mismo concepto, confirmando un patrón de manipulación contable.
A raíz de estos hallazgos, el abogado Luis Napoleón Bareiro Duarte, en representación de la institución, presentó una denuncia formal contra el ex presidente Bernabé Peralta Antúnez y varios funcionarios, entre ellos Fabiana Liduvina Benítez de Calíbrese, Fulvia Lorena Fernández Bogado, Rossana Isabel Ramírez Marecos, Marcelo Esteban Giménez Olmedo, Gabriela Ferrari, Pedro Coronel, Néstor Brítez y el propio Kiessel Bejarano.
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Todos ellos ya habían sido procesados en una causa anterior por apropiación, producción de documentos falsos y lesión de confianza. Con la nueva imputación, la Fiscalía busca avanzar en la reconstrucción de los hechos y determinar el grado de responsabilidad de cada implicado en uno de los casos de corrupción más graves dentro del sistema de jubilaciones municipales.
Fuente: Última Hora
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