El Juzgado 64 Administrativo de Bogotá admitió la demanda de la familia del fiscal paraguayo Marcelo Pecci por su asesinato en Barú - crédito Nathalia Aguilar/EFE
El Juzgado 64 Administrativo de Bogotá admitió una demanda de reparación directa presentada por la familia del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, asesinado en mayo de 2022 en las playas de Barú, Cartagena. La acción judicial busca establecer responsabilidades del Estado colombiano y del hotel donde ocurrió el crimen.
El atentado se produjo el 10 de mayo de 2022, cuando Pecci, de vacaciones junto a su esposa embarazada, fue atacado por sicarios colombianos. El caso generó repercusión internacional y puso en evidencia la vulnerabilidad de funcionarios judiciales frente al crimen organizado.
La demanda fue dirigida contra el Estado colombiano, representado por el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, así como contra Hoteles Decameron Colombia S.A.S., empresa propietaria del resort donde se hospedaba el fiscal.
Los familiares de Pecci sostienen que las entidades demandadas incurrieron en una “inacción negligente” que facilitó la ejecución del atentado. El documento judicial argumenta que el Estado, a través de sus órganos de seguridad, tenía la obligación de garantizar protección mínima ante la condición del fiscal como funcionario especializado en delitos de alta complejidad.
De acuerdo con la demanda, la Policía Nacional solo actuó después del crimen, pese a que las investigaciones revelaron que el atentado se planeó con varios días de anticipación. Esa omisión, según los accionantes, constituye una falta de diligencia grave.
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El reclamo también alcanza al hotel Decameron, al que acusan de no contar con protocolos adecuados de seguridad ni medidas preventivas ante la presencia de un huésped con perfil de riesgo.
La familia del fiscal —su viuda, hijo, padres y hermanos— reclama una indemnización superior a USD 2.000 millones por perjuicios morales, materiales, inmateriales y lucro cesante. Los representantes de la familia consideran el asesinato un “daño antijurídico” que vulnera el derecho fundamental a la vida consagrado en la Constitución de Colombia.
Los abogados recordaron que el término de prescripción fue suspendido debido a una conciliación extrajudicial presentada ante la Procuraduría General el 10 de mayo de 2024, la cual no prosperó. La constancia de no acuerdo fue emitida el 18 de julio del mismo año, permitiendo retomar la acción judicial.
En la demanda, los accionantes insisten en que la muerte de Pecci generó un perjuicio irreparable, tanto por la pérdida personal como por el impacto institucional que representa la desaparición de un fiscal con trayectoria en la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional.
El homicidio de Marcelo Pecci continúa bajo investigación en Paraguay y Colombia. Hasta octubre de 2025, ocho personas fueron capturadas y condenadas por su participación en el atentado. Sin embargo, la familia insiste en que aún falta esclarecer el origen del financiamiento y la autoría intelectual del crimen.
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La acción judicial busca no solo compensación económica, sino también el reconocimiento de responsabilidad estatal y privada por las omisiones que, según la demanda, permitieron el desarrollo del ataque.
La admisión de la demanda representa un nuevo capítulo en la búsqueda de justicia por el asesinato de un funcionario que dedicó su carrera a combatir el crimen organizado.
Fuente: Infobae
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