Cuartel Central de la Patrulla Caminera. Foto: Dardo Ramírez.
La Contraloría General de la República (CGR) instó al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) a presentar una denuncia ante el Ministerio Público tras detectar varias irregularidades en la Dirección Nacional de la Patrulla Caminera (DNPC). El dictamen se originó a partir de una denuncia ciudadana que derivó en una auditoría institucional.
El informe de la CGR identificó posibles casos de usurpación de cargos, incumplimiento de requisitos profesionales y uso indebido de bienes públicos. Entre los funcionarios señalados figuran el director operativo, Amado Orihuela; el secretario general, Darío Gustavo Lugo Caballero; la jefa de Administración y Contabilidad, Patricia Monserrat Zelada Benítez, y el jefe de Transporte, Ramón Antonio Cabrera Noguera.
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Con relación al director operativo, Amado Orihuela, la Contraloría indicó que no existe documentación que respalde la trayectoria requerida para ocupar el cargo. Según el dictamen, el funcionario no acredita haber ejercido los puestos previos exigidos por la normativa vigente, como coordinador regional, jefe de zona y jefe de destacamento.
El organismo de control concluyó que la designación de Orihuela no se ajusta a los requisitos formales y materiales establecidos por la Resolución MOPC N.º 955/2023. Pese a que el funcionario afirmó haber desempeñado cargos similares, la auditoría determinó que dichos antecedentes no cumplen los criterios jerárquicos exigidos.
En cuanto al secretario general, inspector general Darío Lugo Caballero, la CGR señaló que el funcionario no posee el grado jerárquico requerido para el cargo, el cual exige el rango de inspector principal. Esta situación vulnera la estructura jerárquica institucional y afecta la línea de mando dentro de la Patrulla Caminera, de acuerdo con el informe.
El dictamen también observó la designación de Patricia Monserrat Zelada Benítez como jefa interina del Departamento de Administración y Contabilidad, quien ocupa el cargo desde 2018 sin contar con título universitario. La CGR recordó que dicho puesto exige formación profesional completa, y constató que la funcionaria se encuentra apenas a mitad de la carrera universitaria declarada.
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Otro caso detectado en la auditoría involucra al inspector superior Ramón Antonio Cabrera Noguera, jefe de Transporte, acusado de utilizar una chapa oficial en un vehículo particular para acceder a combustible institucional. El funcionario negó los hechos, alegando un montaje, pero la Contraloría halló elementos que sustentan el uso indebido de bienes públicos.
La CGR calificó el accionar de Cabrera Noguera como una infracción administrativa grave y advirtió que los hechos podrían tener relevancia penal, al configurarse indicios de violación de deberes funcionales previstos en el Código Penal.
En su recomendación final, la Contraloría solicitó al MOPC remitir los antecedentes de los casos al Ministerio Público para su investigación. El dictamen reitera la necesidad de reforzar los mecanismos de control interno y garantizar el cumplimiento de los requisitos legales en los procesos de designación dentro de la Patrulla Caminera.
Fuente: Última Hora
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