En Paraguay persiste la incertidumbre sobre cómo desechar pilas, baterías, focos y dispositivos electrónicos en desuso. Aunque la Ley 5.882/2017 establece un marco legal para su gestión integral, la ausencia de reglamentación mantiene inoperante su aplicación.
Sin ese instrumento técnico, las municipalidades no pueden desarrollar programas formales de recolección ni implementar planes de tratamiento adecuados para estos residuos. La acumulación de basura tecnológica se extiende en hogares y oficinas, generando un problema ambiental y sanitario.
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El ingeniero Walter Lezcano, jefe de la Unidad de Gestión Integral de Residuos de la Municipalidad de Asunción, explicó que la falta de reglamentación impide la acción efectiva de los gobiernos locales. Recordó que en 2021 se elaboró una propuesta técnica, pero el proceso no avanzó.
El funcionario subrayó que el artículo 12 de la ley prevé un plan de gestión ambiental integral de pilas, aún sin vigencia. Recalcó que mientras el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) no emita la reglamentación, los municipios carecen de un protocolo legal para actuar.
Lezcano señaló la necesidad de aplicar el principio de responsabilidad extendida del productor. Consideró que los fabricantes e importadores deben asumir los costos de los residuos que generan, evitando trasladar esa carga financiera a las municipalidades.
Según el especialista, muchos importadores se resisten a establecer sus propios sistemas de recolección y almacenamiento. Esta situación, advirtió, se convierte en una barrera para la implementación de políticas sostenibles de gestión de residuos tecnológicos.
Mientras no se reglamente la ley, la Dirección General de Gestión Ambiental recomienda almacenar pilas y baterías usadas en bidones plásticos de boca ancha. Una vez llenos, deben sellarse y sustituirse por nuevos recipientes, evitando mezclarlos con basura común.
Lezcano recordó que las pilas contienen metales pesados que contaminan suelos y cursos de agua, afectando la salud humana y la biodiversidad. También instó a los ciudadanos a entregar estos materiales al Mades, que trabaja con dos empresas habilitadas para su tratamiento, aunque el servicio tiene costo.
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El técnico reiteró la necesidad de que el Estado y las empresas asuman su responsabilidad ambiental. Insistió en que el principio de “el que contamina, paga” debe aplicarse con rigor. Destacó que el país debe transitar de un modelo de consumo y descarte hacia uno de reducción y reciclaje.
La falta de reglamentación de la Ley 5.882/2017 sigue siendo el principal obstáculo para una gestión eficiente de los residuos tecnológicos en Paraguay. La normativa, aunque promulgada, requiere una implementación efectiva para proteger el ambiente y la salud pública.
Fuente: La Tribuna
