Gustavo Machado, ABC Color
El contralor general de la República, Camilo Benítez, señaló que el presidente Santiago Peña debe declarar con veracidad absoluta la totalidad de su patrimonio en la declaración jurada presentada ante la Contraloría. La afirmación surge en medio de cuestionamientos por la presunta omisión de una colección de relojes valuada en unos 100.000 dólares.
Benítez explicó que la presentación de la declaración habilita por primera vez al órgano de control a realizar un examen de correspondencia sobre los bienes del mandatario. Subrayó que, al decidir presentarla, Peña asumió la responsabilidad legal de consignar todos sus activos. En caso de falsedad o inconsistencias, podría configurarse un hecho punible.
Unite a nuestro canal de Whatsapp
El contralor detalló que el formulario de declaración permite agrupar ciertos bienes bajo categorías generales, como “joyas”, sin detallar cada pieza. Sin embargo, durante el proceso de revisión se efectuarán cruces de datos con instituciones públicas, empresas privadas y registros comerciales para verificar la autenticidad y el origen de los bienes declarados.
Respecto a los relojes de alta gama que utiliza el presidente, Benítez indicó que pueden incluirse dentro del rubro de joyas, pero insistió en que deben figurar en la declaración, sea de forma genérica o específica. Añadió que, si alguno de estos artículos fue recibido como obsequio, corresponde identificar a la persona o entidad que lo otorgó.
El titular de la Contraloría reconoció la falta de regulación en el país sobre la recepción de regalos oficiales. Señaló que, a diferencia de otros países, no existe una norma que obligue a los funcionarios a declarar obsequios que superen determinado valor, lo que genera vacíos éticos. Destacó que recibir presentes de familiares no tiene el mismo peso que aceptar bienes de empresas proveedoras del Estado.
El examen de correspondencia abarcará las declaraciones patrimoniales de Peña correspondientes a los periodos 2014–2017 y desde su asunción en agosto de 2023. El análisis buscará determinar la coherencia entre los ingresos, gastos y el crecimiento patrimonial del mandatario.
Benítez adelantó que los resultados permitirán verificar la autenticidad de los datos, aunque enfatizó que la Contraloría no tiene competencia para investigar actividades privadas previas a la función pública.
Fuente: ABC Color
Esta web usa cookies.