El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) alertó sobre la situación crítica de más de 38.000 niños y adolescentes que crecen con uno o ambos padres privados de libertad en el país. Según el informe “Niños, niñas y adolescentes con padres y madres privados de libertad”, la falta de políticas públicas agrava su vulnerabilidad y pone en riesgo su desarrollo integral.
El documento, difundido ayer, señala que estos menores enfrentan “desprotección y vulneración de derechos”, al quedar fuera de los sistemas de cuidado y sin acompañamiento estatal efectivo. En muchos casos, sufren separación forzosa de sus familias y terminan institucionalizados en hogares del Estado, lejos de sus padres encarcelados.
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El MNP también denuncia la ausencia de un registro oficial que identifique a los hijos de reclusos, lo que impide dimensionar el problema y diseñar estrategias específicas. Además, advierte que no existen protocolos claros para que la Policía o el sistema judicial actúen de forma adecuada durante las detenciones de los progenitores o tutores.
La institución resalta que la privación de libertad de un padre o madre tiene consecuencias directas sobre la infancia, profundizando la desigualdad social, el estigma y la exclusión. Por ello, insta a que jueces, fiscales y defensores integren un enfoque de derechos de la niñez en cada etapa del proceso penal.
Entre las recomendaciones, el MNP propone desarrollar políticas públicas que prioricen la protección de los hijos de reclusos y fomenten la aplicación de medidas alternativas a la prisión para padres con responsabilidades de cuidado. También sugiere crear mecanismos que mantengan el vínculo familiar, incluso durante el cumplimiento de la condena.
Finalmente, el informe insta al Congreso a promover reformas legales que reconozcan esta situación como un tema prioritario de derechos humanos y pide a la Policía Nacional la elaboración de un protocolo que garantice la protección inmediata de los menores en caso de detención de sus padres. El desafío, subraya el MNP, es que el Estado reconozca y actúe ante una realidad que por años ha permanecido invisible.
Fuente: ÚH
