Las víctimas se presentaron ante Fiscalía de Villa Hayes. Foto: Captura NPY.
Un grupo de víctimas de la llamada mafia de los pagarés se manifestó frente a la Fiscalía de Villa Hayes para reclamar justicia. La protesta surgió tras la suspensión de la audiencia de declaración indagatoria de la abogada Zully Ortiz, representante legal de la empresa Vanessa y Asociados SA, procesada por presuntamente promover demandas ejecutivas con pagarés ya cancelados.
Las personas afectadas cuestionaron la falta de avances en el proceso judicial y afirmaron que las empresas implicadas en el esquema contarían con respaldo político y económico. La movilización reunió principalmente a docentes y trabajadores que denunciaron ser víctimas de un mismo patrón de cobros indebidos y embargos injustificados.
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Una de las manifestantes, Teresa Pane, relató que los denunciados gozan de influencia dentro del sistema judicial. Señaló que «las empresas tienen mucho apoyo» y que la Fiscalía debería actuar con independencia para frenar los abusos.
Otras víctimas coincidieron en que las compañías utilizan nombres de asociaciones inexistentes para ejecutar los cobros. Una docente afirmó que, aunque no enfrenta embargo, los descuentos en su salario son permanentes, mencionando que «aparecen asociaciones indígenas o de ciegos» al momento de percibir su sueldo, sin que haya constancia real de su existencia.
Otro caso expuesto durante la protesta fue el de una trabajadora del Ministerio de Educación y Ciencias, quien descubrió que tenía varios embargos en su salario sin haber contraído deuda alguna. La mujer explicó que las demandas duplican los pagarés, elevando el monto a G. 82 millones, suma imposible de asumir para una docente.
Esta víctima manifestó que desea conocer a quienes la demandaron, señalando que no tiene vínculo alguno con los demandantes y que las supuestas deudas se generaron sin su consentimiento ni respaldo documental válido.
La abogada Zully Ortiz debía comparecer ante el Ministerio Público, pero su audiencia fue suspendida. Alegó falta de garantías para presentarse y solicitó una nueva fecha. Su defensa representa a Vanessa y Asociados SA, una de las empresas señaladas por operar a través del Juzgado de Paz de Benjamín Aceval.
Ortiz fue denunciada por su colega Noelia Núñez, quien también declaró haber recibido amenazas e intimidaciones vinculadas al caso. Núñez afirmó haber sido hostigada junto a su familia por denunciar el esquema de demandas con pagarés falsos, lo que generó mayor preocupación entre las víctimas que piden protección y celeridad procesal.
Los manifestantes exigieron que el Ministerio Público investigue con rigor los hechos y avance en las imputaciones. Señalaron que los afectados no solo reclaman justicia individual, sino también la desarticulación de un sistema de cobros ilegales que continúa afectando a trabajadores públicos y privados en todo el país.
Fuente: Última Hora
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