El Palacio de Justicia de Asunción, sede central del Poder Judicial. ABC
El Sindicato de Funcionarios Judiciales del Paraguay mantiene gestiones ante el Congreso Nacional para lograr la aprobación sin recortes del presupuesto solicitado por la Corte Suprema de Justicia para el ejercicio 2026. La propuesta incluye un reajuste salarial reclamado por los funcionarios desde hace más de 14 años.
Porfiria Ocholasky, presidenta del gremio, explicó que continúan con el lobby legislativo con el objetivo de garantizar los fondos solicitados por el Poder Judicial. Señaló que el aumento salarial es una necesidad urgente, dado que gran parte del personal percibe remuneraciones inferiores al salario mínimo.
El pedido de la Corte Suprema ante la Comisión Bicameral de Presupuesto contempla un incremento del 34% en relación con los fondos asignados este año. Según Ocholasky, el reajuste beneficiaría a funcionarios de distintas categorías, incluidos ujieres, notificadores y dactilógrafos, quienes actualmente cobran entre G. 2.700.000 y G. 3.000.000.
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La sindicalista detalló que más de 4.000 funcionarios ganan menos que el salario mínimo legal, lo que calificó como una forma de desigualdad dentro del sistema público. Agregó que muchos trabajadores con formación universitaria reciben sueldos menores a los de otros sectores del Estado.
Si bien el sindicato ha optado por mantener una postura dialogante, Ocholasky advirtió que la situación de precariedad ha alcanzado un punto crítico. Los funcionarios planean realizar una asamblea general el 1 de noviembre para definir acciones concretas, en caso de que el Congreso rechace o recorte el presupuesto del Poder Judicial.
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El gremio analiza una medida de fuerza progresiva, que podría comenzar con ceses parciales de actividades y, eventualmente, derivar en un paro general del sistema judicial. Esta posibilidad, según la dirigencia, dependerá del resultado de las negociaciones parlamentarias.
El reclamo de los funcionarios judiciales se suma a las demandas de otros sectores públicos que exigen mejoras salariales ante la falta de reajustes inflacionarios acumulados. Desde la Corte Suprema, el pedido presupuestario busca asegurar recursos suficientes para salarios, infraestructura y modernización institucional.
Fuente: ABC Color
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