Allanamiento en vivienda de Ingrid Prette, ujier del Juzgado de Paz de La Recoleta, procesada en el marco de la causa "mafia de los pagarés". ABC
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) informó que fueron detectados más de 23.000 expedientes con irregularidades en los Juzgados de Paz de Asunción y Central, en el marco del caso conocido como “mafia de los pagarés”. Los documentos revelan la existencia de un esquema de juicios ejecutivos fraudulentos que afectaban a miles de ciudadanos con embargos indebidos en salarios y jubilaciones.
El relevamiento fue realizado por la Oficina Técnica de la Justicia de Paz y presentado ante el pleno del máximo tribunal. Los ministros destacaron que el hallazgo permitió sanear y descongestionar el sistema judicial, tras la aplicación de la Acordada N° 1800/2025, que establece el “Protocolo de Actuación para la depuración de juicios ejecutivos y cobro de sumas de dinero”.
Como resultado del proceso de revisión, la Corte Suprema dispuso el levantamiento inmediato de los embargos de haberes que pesaban sobre miles de trabajadores y jubilados. El ministro Eugenio Jiménez Rolón señaló que los afectados quedaron liberados de las medidas judiciales indebidas y agradeció a los jueces de Paz de la Circunscripción de Central por el trabajo realizado para depurar los expedientes.
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La medida busca restablecer la legalidad en los procesos ejecutivos y evitar nuevos casos de abuso en la tramitación judicial. Los ministros de la Corte resaltaron que el protocolo implementado refuerza los principios de transparencia y eficiencia en la administración de justicia.
El informe oficial revela que en el Departamento Central fueron revisados expedientes de 21 Juzgados de Paz, de los cuales 3.433 fueron finiquitados, 6.653 declarados caducos, 177 anulados y 2.700 con levantamiento de medidas cautelares.
En la capital, el análisis abarcó seis juzgados —excepto el de La Recoleta— con resultados similares: 5.764 expedientes finiquitados, 2.309 caducados, 319 anulados y 1.624 con levantamiento de embargos. En total, más de 23.000 casos fueron depurados, beneficiando a miles de ciudadanos afectados por descuentos ilegales.
El ministro Alberto Martínez Simón calificó la cifra de expedientes revisados como un número altamente significativo y explicó que las tareas responden a la Acordada 1800/2025, dictada para fortalecer el control y la gestión de los Juzgados de Paz. Agregó que la implementación del protocolo contribuye a liberar a ciudadanos de deudas originadas en procesos fraudulentos.
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La Corte Suprema destacó que el operativo forma parte de una estrategia integral para depurar causas irregulares y reforzar los mecanismos de supervisión judicial en todas las circunscripciones del país.
En paralelo, se desarrolló la audiencia preliminar ante el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, para la jueza de Paz Nathalia Guadalupe Garcete, el empresario José Ignacio Olmedo Lansac —presidente de la firma CARSA— y otros siete acusados, entre ujieres, actuarios, oficiales de justicia y abogados vinculados a empresas de cobranzas.
El magistrado resolvió dividir la diligencia debido a cambios de defensa y reposos médicos de cinco de los acusados. La nueva fecha de audiencia se fijará próximamente, momento en que el Juzgado de Garantías decidirá si el caso se eleva a juicio oral, conforme a lo solicitado por el Ministerio Público.
Fuente: ABC Color
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