Una docente enfrenta una deuda de G. 3.000 millones por un microondas comprado a crédito en 2016 y denuncia un esquema judicial que multiplicó su obligación original. El caso, que comenzó con un pagaré de G. 1 millón, hoy incluye embargos sobre su salario y trámites que no encuentra salida.
Según su relato, Liz Prieto firmó un documento por 12 cuotas y cumplió pagos hasta acumular G. 78 millones. Sin embargo, la cifra creció sin freno por cargos y ejecuciones que atribuye a un circuito de estudios jurídicos y funcionarios que replican boletas y fabrican juicios.
Unite a nuestro canal de Whatsapp
La docente asegura que su sueldo quedó embargado y que actualmente percibe G. 1.600.000 al mes, monto insuficiente para sostener tratamientos cardiológicos que inició por el estrés. “Me preparé para enseñar y terminé atrapada por una deuda imposible”, contó.
En esa misma línea comentó: “Tengo que jubilarme 20 veces para pagar un horno microondas. Nos toca el estómago y el bolsillo. Es muy doloroso. G. 78 millones ya pagué y todavía hay varios embargos. ¿Qué le voy a decir a mi hijo? ‘Tengo embargos. No te voy a dar de comer’. Esto es muy doloroso”.
El modus operandi bajo investigación describe una red con participación de jueces, actuarios, ujieres, oficiales y abogados que presentaban demandas con autorizaciones de débito sin firma ni fecha, habilitando descuentos automáticos a través de entidades financieras.
La Comisión Especial del Congreso que indaga la “mafia de los pagarés” recibió más de 6.000 denuncias. Los reportes señalan cédulas adulteradas y fallas en controles del Poder Judicial y del Banco Nacional de Fomento (BNF), lo que habría facilitado los embargos masivos.
El Ministerio Público abrió causas penales y apunta a casi 150 casas de cobranzas vinculadas a demandas repetidas y ejecuciones exprés. En paralelo, víctimas como Prieto acudieron a la Cámara de Diputados para promover medidas y juicio político a magistrados presuntamente involucrados.
En lo jurídico, las defensas de las víctimas piden auditorías de expedientes, revisión de tasas, intereses y costas, y la nulidad de títulos obtenidos con irregularidades. Reclaman además un protocolo para frenar descuentos hasta verificar autenticidad de documentos.
Organizaciones civiles piden reparación económica y asistencia legal gratuita para docentes y trabajadores afectados. Insisten en que sin sanciones ejemplares y depuración institucional, el esquema se replicará con nuevos nombres y sellos.
Fuente: ÚH
Esta web usa cookies.