Dr. Miguel Óscar Bajac Albertini, ex ministro de la Corte Suprema de Justicia condenado por coima. ARCENIO ACUÑA
La Corte Suprema de Justicia dejó firmes las sentencias contra el exministro Miguel Óscar Ramón Bajac Albertini y el funcionario judicial Rafael Ramírez Doldán, al declarar inadmisibles los recursos extraordinarios de casación. Las penas, confirmadas, son de tres años de prisión para Bajac y dos años y seis meses para Ramírez Doldán, por cohecho pasivo agravado, en calidad de autor y cómplice, respectivamente.
La resolución fue adoptada por los camaristas Silvana Luraghi, José Waldir Servín y Claudia Criscioni, integrantes de la Sala Penal. El pronunciamiento impacta sobre el Acuerdo y Sentencia N.° 10 del 25 de febrero de 2025 del Tribunal de Apelación Penal, Cuarta Sala, que ya había ratificado la Sentencia Definitiva N.° 316 del 7 de agosto de 2023. Con la firmeza, corresponde que el Juzgado de Ejecución dicte la orden de captura para el cumplimiento efectivo de las penas.
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Durante el juicio oral se probó que, entre diciembre de 2017 y julio de 2018, cuando Bajac integraba la Corte, se solicitó una coima equivalente al 5% del capital en litigio en el caso de Cal Agro SA contra la Industria Nacional del Cemento, por G. 3.700 millones. La suma requerida alcanzaba los USD 50.000 para influir en un voto favorable en la Sala Civil y Comercial. El tribunal de sentencia mantuvo medidas alternativas hasta que la condena quedara firme.
La investigación detalló reuniones entre el entonces ministro y personas vinculadas al expediente, tanto en su despacho de la Corte como en su domicilio particular en Asunción. El análisis de celdas y geolocalización de antenas de telefonía celular ubicó a los intervinientes en los sitios señalados. Se determinó además que la coima se ocultaría mediante un pacto de cuota litis, incluyendo al abogado Juan Carlos Ávila Meza, propuesto por el exministro.
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La causa incorporó una entrega vigilada, con grabación y rescate de G. 50.000.000 en la plaza de la Justicia, operación ordenada judicialmente y ejecutada con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción. El funcionario Rafael Ramírez intervino como nexo en reuniones previas, con participación de profesionales del ámbito jurídico mencionados en el expediente.
El tribunal de sentencia también registró 583 llamadas entre los involucrados y el uso por parte de Bajac de una línea telefónica a nombre de Aida Rosa Quiñónez. Dicha línea fue vinculada a comunicaciones probadas por celdas y a una entrevista radial del 5 de julio de 2018, posterior a la aprehensión en flagrancia del funcionario cómplice. El fallo concluyó que el pedido de dinero carecía de sentido sin la participación del entonces miembro de la Sala Civil.
Fuente: ABC Color
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