Foto: Consejo de la Magistratura del Paraguay
El abogado Jorge Rolón Luna, impulsor de las denuncias que dieron origen a la causa conocida como “la mafia de los pagarés”, relató amenazas y describió resistencias institucionales. Explicó que el esquema operaba con ejecuciones para embargar salarios, especialmente en el sector público, y cuestionó la respuesta penal aplicada.
La fiscala Belinda Bobadilla expuso que el mecanismo unía a jueces, actuarios, ujieres, oficiales y abogados de empresas de cobranzas. La herramienta eran juicios de acción ejecutiva que derivaban en descuentos compulsivos vía embargos sobre salarios de trabajadores.
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A ese patrón se sumaba el uso de informes de notificación aparentemente efectuados por ujieres. En la práctica, los deudores no eran informados de citaciones para reconocimiento de firmas o intimaciones de pago y recién conocían el caso cuando veían el descuento en sus haberes.
La investigación acumula más de 60 imputados, según la hipótesis fiscal. Para Rolón Luna, el entramado evidencia una estructura coordinada con reparto de funciones y beneficios económicos constantes.
Antes de formalizar denuncias, Rolón Luna se reunió con Miguel Marecos, titular del Sinadi, para organizar a docentes en una acción colectiva. El intento fracasó. El abogado afirma que el dirigente rechazó acompañar la propuesta y lanzó advertencias.
“Él literalmente me dijo que deje de hacer esto, que no iba a conseguir nada, que no iba a pasar nada y que iban a aparecer personas que si yo seguía con esto, iban fácilmente a disparar (contra) mi casa, mi vehículo y que me cuide.
Tras la difusión mediática, dijo que recibió presiones indirectas. Le anticiparon querellas por difamación, injuria y calumnia, además de pedidos de cancelación de su matrícula. Agregó que le sugerían “parar con esto” y evitar mencionar a personas aún no alcanzadas por medidas fiscales.
Rolón Luna sostiene que el Poder Judicial y el Ministerio Público hacen una “detonación controlada”. A su criterio, la investigación reconoce la existencia de un andamiaje que embargaba sueldos, pero evita romper “el techo” que expondría a actores relevantes.
Apunta a la Fiscalía por recurrir a suspensiones condicionales del procedimiento. Señala que se aplican sin reparación del daño ni consentimiento de víctimas y con calificaciones que anticipan penas menores a dos años, lo que habilita salidas alternativas.
El abogado diferencia hechos aislados de conductas sistemáticas. Asegura que no se trata de episodios únicos, sino de una práctica reiterada de estafas masivas contra trabajadores de ingresos modestos.
Para el denunciante, la causa evita imputar por asociación criminal pese a descripciones que encajarían en el artículo 239 del Código Penal. Considera que el enfoque limita el alcance punitivo y reduce la exposición de responsabilidades profesionales.
También cuestiona a las auditorías de la Corte Suprema de Justicia. Señala que no detectaron anomalías reiteradas: un testigo usado en 500 expedientes, ujieres con decenas de notificaciones en un solo día en distintos puntos del país e incluso fuera de él, y desaparición de legajos.
En ese marco, reprocha la falta de sanción disciplinaria. Afirma que, con los elementos relatados, los abogados involucrados debieron perder la matrícula. Según su visión, el sistema privilegia preservar equilibrios internos antes que llegar a consecuencias plenas.
Rolón Luna menciona vínculos políticos de funcionarios judiciales señalados en la causa. Alude a conexiones con Jorge Bogarín y a promesas de impunidad formuladas en actos proselitistas durante su campaña para el Consejo Directivo de Derecho UNA.
Reitera que la investigación parecería estar diseñada para no alcanzar a determinados actores. En su lectura, la selección de figuras y tipos penales delimita el perímetro de responsabilidad y aminora el impacto de la trama.
El caso “mafia de los pagarés” permanece en curso. La acusación formal y las medidas adoptadas aún no responden, según el denunciante, a la dimensión del esquema. Insiste en que la persecución penal debe ajustarse a la escala y a la coordinación observadas.
El testimonio de Rolón Luna mantiene el foco en dos vectores: el método de embargos por vía ejecutiva y las presuntas omisiones en investigación y control. Plantea que el desafío es procesal y disciplinario, con reparación efectiva a las víctimas y depuración institucional.
Mientras avanzan las diligencias, la controversia crece en el plano judicial y gremial. El relato de amenazas, la negativa del Sinadi a impulsar una denuncia colectiva y las decisiones fiscales configuran un panorama tenso.
La definición de figuras penales y eventuales sanciones profesionales marcará el desenlace. Para el denunciante, el mensaje debe ser claro: desmontar la estructura, reparar a los afectados y sancionar a todos los partícipes, sin excepciones.
Fuente: ABC Color
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