Frontera de Ciudad del Este con Brasil, custodiada por militares paraguayos. Foto: ÚH - Wilson Ferreira.
Cuatro mil uniformados se alistan para vigilar los límites del país. Es la columna central de la Operación Escudo Guaraní, presentada por el Gobierno para contener al crimen transnacional y fortalecer la soberanía en zonas fronterizas.
La instrucción partió del presidente Santiago Peña, en su rol de comandante en jefe. El despliegue integra al Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y el Comando Logístico con la Policía Nacional, la Senad, Migraciones, la DNIT y el Ministerio Público. La meta inmediata: prevenir, disuadir y neutralizar amenazas que afecten a la ciudadanía.
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El Consejo de Defensa Nacional (Codena) definió el operativo como un nuevo enfoque de defensa y seguridad. Cíbar Benítez, secretario permanente, subrayó que la defensa no es solo militar: involucra a todas las instituciones que resguardan intereses públicos y derechos de las personas.
La decisión se aceleró por tres factores: los operativos en Río de Janeiro contra el Comando Vermelho, el asalto tipo comando a un banco en Katueté (Canindeyú) y la mayor circulación de efectivo en fin de año. Con ese marco, las fuerzas incrementaron controles en puntos sensibles y pasos fronterizos.
El ministro de Defensa, Óscar González Cañete, habló de “alerta general” y de cooperación con países vecinos. El componente internacional apunta a coordinar con Brasil y Argentina para cerrar rutas al delito, compartir inteligencia y evitar desplazamientos de grupos criminales hacia territorio paraguayo.
El comandante de las Fuerzas Militares, Gral. César Moreno Landaira, detalló que la prioridad recae en Alto Paraguay, Concepción, Amambay, Canindeyú, Alto Paraná, Itapúa, Misiones y Ñeembucú. Se movilizarán medios terrestres, aéreos y navales. Habrá patrullajes, controles y presencia sostenida en áreas de mayor riesgo.
El Gobierno asegura que las tareas se ejecutarán dentro del marco legal. En paralelo, organizaciones civiles y gremios empresariales piden indicadores públicos: cantidad de incautaciones, detenciones, reducción de hechos violentos y mejoras en percepción de seguridad. El desafío será medir resultados, no solo sumar operativos.
Fuente: ÚH
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