La celda de la cárcel de Minga Guazú donde estaba recluido Miguel Insfrán alias Tío Rico fue allanada el pasado 3 de octubre. Foto: Edgar Medina.
La jueza María Luz Martínez señaló que el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, incurrió en desacato al no remitir en el plazo de 24 horas el informe requerido sobre el traslado de Miguel Ángel Insfrán, conocido como Tío Rico, desde el penal de Minga Guazú hasta la Penitenciaría Regional de Emboscada. La magistrada había solicitado los antecedentes para conocer las razones del movimiento del recluso.
Martínez explicó que la orden judicial exigía la remisión de la documentación del procedimiento. Según afirmó, la cartera de Justicia no cumplió con el envío dentro del tiempo estipulado. La jueza sostuvo que la ausencia de respuesta derivó en la presentación del caso ante el Ministerio Público para su evaluación correspondiente.
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La magistrada aclaró que el Ministerio de Justicia puede manejar con reserva ciertos datos relacionados con internos considerados de alta peligrosidad, pero remarcó que esta facultad no exime de la obligación de informar al juzgado. Indicó que no recibió detalles sobre el motivo específico del traslado y que la institución mencionó argumentos de seguridad sin mayor precisión.
El Ministerio de Justicia planteó que el traslado responde a conductas de agentes penitenciarios y funcionarios que tuvieron contacto con el interno. También aseguró que la medida no fue comunicada con antelación por prudencia y aspectos vinculados a la seguridad operativa dentro del sistema penitenciario. Insfrán fue trasladado el 31 de octubre desde un penal con más de 700 internos hacia Emboscada, donde se aloja a alrededor de 150 personas privadas de libertad.
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El ministro Rodrigo Nicora negó haber incurrido en desacato y justificó la demora en la respuesta, argumentando impedimentos lógicos para cumplir el plazo señalado. Afirmó que posteriormente remitió el oficio explicativo y que el traslado obedeció a razones de seguridad internas. El ministro sostuvo que el cambio de establecimiento buscaba reducir riesgos dentro de la penitenciaría de origen.
El caso se enmarca también en las investigaciones por el homicidio del teniente coronel Guillermo Moral. El 3 de octubre, la celda de Insfrán en Minga Guazú fue allanada por el fiscal Luis Fernando Escobar, procedimiento que permitió incautar indumentarias, un billete de G. 100.000 y accesorios personales. Estas diligencias forman parte de las pesquisas vinculadas al hecho de sicariato registrado frente a la Facultad de Derecho en Asunción.
Fuente: Última Hora
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